CSIF denuncia más de 20 infracciones graves en el aeropuerto de una empresa de seguridad beneficiaria del caso Koldo

El área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla ha visto culminada una nueva fase de su acción sindical en el Aeropuerto de Sevilla contra la empresa Sureste Seguridad, que acumula un largo historial de negligencias respecto a los derechos laborales de su plantilla. Hasta un total de 20 infracciones graves se han visto confirmadas, la pasada semana, por parte de la Inspección de Trabajo de Sevilla, ha denunciado el sindicato.

Para los responsables sindicales de CSIF, AENA “no puede seguir como espectadora pasiva”, por lo que la central sindical le exige que retire inmediatamente el contrato a Sureste Seguridad. En palabras de la delegada de CSIF, Noemí Marqués, “AENA sigue permitiendo que se vulneren sistemáticamente los derechos laborales en el Aeropuerto de Sevilla y es responsable del deterioro de los mismos, pese a las múltiples denuncias que, una vez más, han sido conformadas por la Inspección de Trabajo, siempre a instancias de CSIF”.

Respecto a esta última cuestión, cabe destacar que CSIF ha sido la única organización sindical que ha venido denunciando ante la Inspección la realidad de los trabajadores de seguridad privada del Aeropuerto de Sevilla, “frente a años de irregularidades obviadas, siempre de forma interesada, por el resto de sindicatos.

“Beneficiaria de Koldo García”

Coincidiendo con la confirmación de las irregularidades citadas, la empresa Sureste Seguridad es noticia también, en ámbito nacional, al haber aparecido como empresa beneficiada por el investigado y ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Así, añade el sindicato en un comunicado, el ministerio de Transportes adjudicó en abril de este año un contrato para la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios a Sureste Seguridad. “Un contrato de más de 10,6 millones de euros, que se publicó además sin las bases del concurso, frente a otras 13 sociedades y sin ser la oferta más económica”.

Sureste Seguridad ha conseguido contratos para la prestación de servicios de vigilancia con otras administraciones públicas, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) o la sociedad estatal Correos y Telégrafos, según figura en la plataforma de contratación estatal.