La cúpula de la Policía Local de Sevilla tenía conocimiento de las irregularidades en el cobro de tasas municipales desde al menos seis meses antes de que saltara el escándalo y no tomó ninguna medida para solucionar el problema. Así consta en el sumario del juzgado de Instrucción 8 de Sevilla sobre la presunta trama de corrupción en este cuerpo, por la que están imputados nueve agentes de la unidad de Tráfico-Motoristas y dos empleados de la empresa Grúas Lozano.

En diciembre de 2009, seis meses antes de que se iniciaran las investigaciones judiciales, la Hacienda local envió un escrito al jefe de la Policía Local en el que le indicaba que el Ayuntamiento sólo había ingresado 6.815,03 euros a lo largo del año por la tasa de transportes especiales y que únicamente se tenía constancia de 19 servicios de escolta a grandes mercancías y cortes de calles.

"A la vista del total de valoraciones económicas remitidas con motivo de los partes de intervención de la Policía Local durante el ejercicio 2009, les solicito que revisen (…) si se están enviando todos los servicios susceptibles de ser objeto de la tasa, y en caso contrario, le rogaría tomara las medidas oportunas para paliar esta situación", indica el escrito de Hacienda, que detalla a continuación los 19 servicios por los que ingresó alguna cantidad en concepto de esta tasa.

Este impuesto era cobrado por algunos de los agentes imputados, que percibieron 200.000 euros en cinco años sólo de la empresa Grúas Lozano, por lo que el fraude se estima que puede superar el medio millón de euros. El encargado de cobrar estas tasas era un policía ya fallecido, que con la colaboración de otros agentes veteranos y un grupo reducido de otros miembros de la unidad se dedicaban luego a realizar servicios de cortes de calles, ordenación del tráfico y escolta de mercancías de manera extraoficial. El dinero de la tasa no se ingresaba luego en el Ayuntamiento y sólo comenzaron a realizarse estos ingresos a partir de septiembre de 2009, cuando uno de los policías imputados fue detenido en el marco de una la operación Pájaro, un golpe de la Policía Nacional al tráfico organizado de hachís y anabolizantes.

Pese al requerimiento de la Agencia Tributaria, extrañada por la escasa cuantía de lo ingresado por este concepto, ningún responsable policial hizo nada por esclarecer el asunto. "La Jefatura de la Policía Local no ha contestado a dicho escrito ni realizó gestiones tendentes al esclarecimiento de lo denunciado", indica un informe interno recogido en el sumario. En esta época el jefe de la Policía Local era José Aulet, si bien de la investigación también se desprende que los actuales jefes, el superintendente Juan José García y el intendente mayor Gabriel Nevado, estaban al tanto del asunto desde tiempo atrás. Incluso el concejal de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir, recibió una carta anónima en el que se le informaba de las actividades ilícitas.

No será hasta seis meses después de recibir el escrito de Hacienda, en mayo de 2010, cuando Aulet decida crear un grupo especial de asuntos internos (Gepol) para investigar las irregularidades en la Policía Local, una vez que la juez de Instrucción 8 ya había abierto una pieza separada de la operación Pájaro para centrarse en la supuesta trama de corrupción policial.

Pero mucho antes del escrito de Hacienda fueron varios los policías de la unidad de Motoristas que alertaron a sus superiores de las anomalías que se estaban registrando en este grupo. Hubo agentes que escribieron informes sobre el asunto y comprobaron después que esos archivos habían desaparecidos de sus ordenadores. Cuando dos policías que habían inmovilizado un camión de Grúas Lozano y otro compañero levantó sin su consentimiento esa inmovilización, los agentes informaron a un superior. La respuesta recibida fue la siguiente: "No os metáis en eso porque dos compañeros llevan colaborando mucho tiempo con esa empresa y esto se hace desde hace muchos años". Los policías le preguntaron si con ello quería decir que había alguna actividad ilícita y él no hacía nada por corregirlo, a lo que el mando respondió que tenía prisa porque se iba a la playa.

A raíz de esto, se celebró una reunión en la Jefatura en la que estuvo presente el superintendente Juan José García. Durante el encuentro, uno de los policías que había denunciado los hechos le preguntó al jefe que por qué no creaba una unidad de asuntos internos para investigar las supuestas irregularidades. "Porque me quedo sin guardias", respondió el superintendente.

La investigación desvela que las actividades ilícitas pueden remontarse a mediados de la década pasada. En diciembre de 2004 un policía informó a dos superiores, uno de ellos el intendente mayor Gabriel Nevado -hoy jefe operativo de la Policía Local- de que su firma había sido falsificada en un parte informativo dirigido al Negociado de Multas del Ayuntamiento en el que se solicitaba que se retirara un boletín de denuncia que supuestamente se había puesto por error. Ambos mandos le transmitieron que iban a investigarlo, sin que trascendiera después ninguna consecuencia.