Los jueces decanos de España, reunidos esta semana en Bilbao, acordaron solicitar al Ministerio de Justicia la creación de nuevos juzgados especializados en la lucha contra los delitos económicos y ampliar el número de otros órganos especializados que ya funcionan, como los juzgados de Violencia sobre la Mujer y los centrados en asuntos mercantiles.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, que fue uno de los ponentes en las jornadas de jueces decanos de España, explicó que la necesidad de crear juzgados para combatir los delitos económicos surge por una doble razón: "por la importancia y dificultad de la instrucción de esta clase de procedimientos, cuya investigación resulta bastante compleja y que aconsejan que los magistrados y jueces posean una especialización y reciban una formación específica sobre estos delitos".

Junto a esta especialización, los magistrados consideran que es necesario desplazar y constituir un mayor número de juzgados de lo Penal en localidades distintas a las capitales de provincia -en Sevilla no hay ningún juzgado de lo Penal fuera de la capital-, y que se creen juzgados de Primera Instancia e Instrucción en aquellas ciudades que cuentan únicamente con un juzgado de Paz a pesar de que poseen un gran número de habitantes y una realidad socioeconómica compleja, lo que "justificaría plenamente" la instauración de este tipo de órganos judiciales.

En el encuentro de jueces decanos también se abordó la situación de la Justicia tras los últimos acontecimientos relacionados con los errores cometidos en el caso Mari Luz. Los decanos critican que las sucesivas reformas legales no suelen venir aparejadas de un incremento de los medios materiales y humanos, sobre todo en lo que se refiere a la creación de nuevos órganos judiciales y, ponen como ejemplo, la reciente modificación del Código Penal en materia de delitos contra la Seguridad Vial, que ha endurecido las sanciones penales por conducir bajo los efectos del alcohol, a una excesiva velocidad, o sin carné.

Para los jueces decanos reunidos en Bilbao y que representaban a más de un millar de jueces del país -hay 4.500 en total-, la situación de demora de los procedimientos judiciales y las disfunciones y errores que se producen en el ámbito de la Administración de Justicia "son consecuencia principal y directa de la clamorosa e histórica falta de medios materiales y personales que sufre tradicionalmente este servicio público esencial", según recoge el acta del encuentro de los jueces decanos.

Los jueces también consideran imprescindible atribuir a los decanatos competencias de "inspección, información y decisión en los servicios comunes procesales de modo que puedan detectar esas disfunciones y resolver los conflictos en su funcionamiento".

Otras de las reclamaciones de los jueces buscan la creación de un sistema informático integral y que las vacantes del personal adscrito a la oficina judicial se cubran por personal "convenientemente formado" para la función a desarrollar en las sedes judiciales.