Una defensa del caso Unidad acusa al PP de actuar "con fines políticos"

El letrado que representa al dueño de Copyur, que fue exculpado por el juez, considera que los populares mantienen su imputación porque buscan "titulares periodísticos"

El abogado Carlos Galán.
Jorge Muñoz

16 de octubre 2010 - 05:03

La defensa del administrador único de Copyur y de una trabajadora de esta misma empresa, que fueron exculpados de la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad, ha presentado un escrito en el juzgado en el que acusa al PP, que ejerce la acusación particular, de intervenir en esta causa "con fines políticos" y de buscar "titulares periodísticos" al haber mantenido la imputación contra sus clientes.

El abogado Carlos Galán, que defiende al administrador único de Copyur, Juan José González, y a Carmen Martín, empleada de la misma empresa, presentó ayer un escrito en el que impugna el recurso que presentó el PP y solicita que se confirme el auto que archivó la causa contra estas personas. El escrito considera que la acusación del PP pretende que los responsables de Copyur sean de nuevo imputados en el proceso "en base a una serie de argumentos más propios de las tribunas parlamentarias" que de un juzgado de Instrucción. A juicio de Carlos Galán, el recurso de los populares se ha presentado "con fines políticos y más buscando un titular periodístico que ciñéndose a los principios inspiradores del orden penal".

El defensor reitera, como ya sostuvo a lo largo de la fase de instrucción, que no existe en las actuaciones "ningún dato objetivo ni directo ni indirecto que haga presumir la posible existencia de un ilícito penal" por parte del administrador único y la empleada de Copyur.

Carlos Galán señala que, tras examinar la exhaustiva documentación que la empresa aportó en su día al juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, podría "discutirse, como se contiene en el auto recurrido, si existen o no infracciones administrativas, mercantiles u otras que pueden ser objeto de crítica social o política, pero está fuera de toda duda que ninguno de mis representados ha tenido la más mínima intervención en delito alguno", sentenció el letrado, que recuerda que a esta misma conclusión llegó la Fiscalía de Sevilla al solicitar el archivo de la causa contra ambos. Galán añadió que el responsable de Copyur y su empleada están "indignados" ante las "gratuitas acusaciones" vertidas por la representación procesal del PP, "quien en su afán por seguir haciendo ruido no tiene reparos en acusar injustamente a una empresa que lo único que se ha dedicado a hacer durante muchísimos años ha sido a trabajar honradamente".

La defensa añade que "sin que nadie le haya dado vela en este entierro", la empresa se ha visto implicada en el caso de las facturas falsas de Unidad, "con los perjuicios que ya se le han causado y que no se sabe quien los va a reparar".

El letrado ha solicitado al juez que confirme el auto dictado el pasado 6 de septiembre, que exculpó a Copyur, y condene en costas al Partido Popular.

La acusación de los populares sostuvo en su recurso que no cabe "ninguna duda" cabe de que por los responsables de Copyur "se confeccionaron facturas falsas, algunas de carácter genérico, en las que figuraba como cliente Unidad y cuyo fin era servir de manera falsaria, como justificación de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento y la Diputación". El PP denunció por "increíble y sorprendente" que llegara un momento en el que "Copyur fuera deudora de Unidad", lo que a juicio de esta acusación supone "una prueba más de la falsedad de las facturas".

Los responsables de Copyur no fueron los únicas personas exculpadas por el juez Manuel Centeno, quien después de casi cuatro año de instrucción estimó que tampoco había indicios de que el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño y el ex concejal de Vía Pública y ex presidente de Unidad Manuel Gómez Lobo hubiesen cometido delito alguno.

La causa sí continúa contra la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado, su esposo y ex asesor municipal y de la Diputación de Sevilla Ángel Cervera y la empleada de Unidad Josefa Prado, a quien iba dirigido un fax remitido desde el grupo municipal socialista a la federación vecinal con supuestas instrucciones para elaborar una factura falsa.

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