Un empresario dice que recibió ofertas "ilegales" para dejar Mercasevilla

El socio mayoritario de la inmobiliaria Larena 98, Antonio Pardal Reyes, ratificó ayer ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla que los ex directivos del Mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, y el ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena le ofrecieron diversas concesiones y adjudicaciones a cambio de que pusiera fin a su relación con la empresa y cediera un derecho de superficie que tenía sobre varias parcelas en Mercasevilla.

El testigo, que declaró por espacio de varias horas ante la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sostuvo que todas las personas que le hicieron estas ofertas le informaron de que estaban "respaldadas" por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien llegó a decirle en una ocasión que no saldría "perjudicado" por su salida del Mercado central.

Antonio Pardal aseguró que, ante los problemas que tenía su empresa para construir unas naves en Mercasevilla -porque el PGOU iba a cambiar la catalogación de los suelos a uso residencial-, llegó a reunirse hasta en cuatro ocasiones con el alcalde. Tres de estas reuniones tuvieron lugar en el despacho del regidor: en la primera, el alcalde manifestó que desconocía la nueva calificación de los suelos. En la tercera reunión, el regidor le confirmó que efectivamente no había posibilidad de conceder las licencias urbanísticas para la construcción de las naves, aunque se "comprometió a realizarle determinados ofrecimientos para compensar el dinero invertido por Larena y los errores cometidos por Mercasevilla y la Administración".

Fue al término de ese encuentro, según la declaración del empresario, cuando Alfredo Sánchez Monteseirín le dijo textualmente que "no se preocupara porque de alguna manera se iba a arreglar. Antonio no vas a salir perjudicado", afirma Pardal que fueron las palabras del regidor.

El testigo precisa que en todas esas reuniones estuvieron presentes los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, que se mantuvieron "en todo momento callados", y que a la salida de ese tercer encuentro se dirigieron al restaurante Asador de Aranda, donde Mellet, Ponce y un directivo de la Junta de Andalucía le propusieron "la concesión de una ITV que se iba a instalar en los terrenos de Mercasevilla, en las parcelas objeto del derecho de superficie".

El empresario añadió que posteriormente el ex gerente de Urbanismo le ofreció participar en diferentes concursos de viviendas de VPO y de locales libres, y aunque no le dijo expresamente que los concursos le serían adjudicados, el empresario entendía que eso iba "implícito". Antonio Pardal llega a esta conclusión porque no encuentra otra explicación a que se le cite personalmente al despacho del gerente de Urbanismo para recoger los impresos de unos concursos cuando los mismo "se publican en los boletines oficiales".

En otra comida, en esta ocasión en el restaurante Becerrita, una persona que, según dijo el testigo, le presentaron como "la mano derecha del alcalde" -del que ignora que pueda ser el ex asesor del alcalde e imputado en la causa Domingo Enrique Castaño- le comentó que le "podía dar el contrato de mantenimiento de Vía Pública de Sevilla durante varios años y que se había presupuestado en 200 millones de pesetas".

Antonio Pardal aseveró a la juez que tuvo la impresión de que todos esos ofrecimientos "no eran legales, ya que concursos públicos ofrecidos debajo de la mesa y en un restaurante nunca pueden ser legales" y añadió que a la hora de hacer esas ofertas sus interlocutores siempre le manifestaron que "todos ellos estaban respaldado por el alcalde para ofrecerle las referidas compensaciones".

El socio mayoritario de Larena 98 explicó que cuando en la cuarta reunión que mantuvo con el alcalde le manifestó que no habían fructificado ninguno de esos ofrecimientos, Alfredo Sánchez Monteseirín "no le preguntó cuáles habían sido estos ofrecimientos". No obstante, Antonio Pardal indicó que del contenido de esa cuarta reunión "no tiene la convicción" de que el alcalde de Sevilla "tuviera conocimiento del contenido de tales ofrecimientos, ya que la impresión que le dio es de que era un hombre desbordado por los acontecimientos".

El testigo aseguró que la adjudicación del derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla a una filial de la constructora malagueña Sando estaba "amañada" y había "gato encerrado" porque, en su opinión, no tiene dudas de que Sanma se subrogó el contrato de las naves que tenía Larena 98 porque como contrapartida se le iba a adjudicar el concurso sobre la totalidad de los terrenos.

La inmobiliaria Larena 98 recibió una indemnización total de 1.080.000 euros por la subrogación del contrato del derecho de superficie de las parcelas a la sociedad Sanma, pero Antonio Pardal le dijo ayer a la juez que se sintió "engañado" porque no le devolvieron los 360.000 euros que había depositado como fianza y porque después de haber recibido la compensación se percató de que "el negocio de la subrogación tenía una segunda parte, que en ningún momento se le ofreció y que fue la adjudicación amañada de los terrenos a Sanma", concluyó el testigo.

Uno de los abogados pidió a la juez que suspendiera la comparecencia del testigo para tomarle declaración como imputado, pero la juez no lo consideró necesario porque Antonio Pardal explicó que rechazó todos los ofrecimientos y sólo admitió haber pagado unos 4.800 euros para hacer estudios de la ITV que le ofrecieron.