El incierto futuro de Los Amarillos

El futuro de la empresa de autobuses Los Amarillos está en el aire, tras abrirle la Junta de Andalucía un expediente de resolución de la concesión por "numerosos incumplimientos". Desde la empresa sevillana califican los hechos imputados como "menores y puntuales", por lo que consideran la actuación de la Junta "totalmente desproporcionada", ya que conduciría a la compañía de transporte, que cuenta con más de 80 años a sus espaldas, y que une mediante múltiples trayectos más de 80 localidades de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, a un irremediable concurso de acreedores.

Según la Junta de Andalucía, la empresa habría cometido una serie de "incumplimientos reiterados" sobre las condiciones de su contrato, ante lo cual la Consejería de Fomento y Vivienda se habría visto obligada a abrirle un expediente "para garantizar un servicio público de calidad". Desde la consejería aclaran que este expediente, actualmente en estudio por el Consejo Consultivo, se basa en "numerosos incumplimientos por parte de la empresa, como no tener en regla los permisos necesarios para el desarrollo de la actividad, una calidad deficiente de su flota y alteración o anulación sin autorización ni previo aviso de expediciones, con el consiguiente perjuicio para los usuarios".

Fuentes de la empresa explicaron a este periódico que la actuación de la Junta parte de diversas denuncias por deficiencias en la prestación de algunos "puntuales servicios", siempre en la misma localidad y "nunca corroboradas por la inspección, máxime teniendo en cuenta que la empresa dispone de los más acreditados certificados de calidad de España". Los Amarillos denuncia que la Junta se basa en pequeños incumplimientos puntuales, que ellos no reconocen, para abrir un expediente de resolución de la concesión "totalmente desproporcionado". La empresa también asegura que han demostrado que no tenían la licencia caducada. "Todo esto constituye un modo de actuar cuestionable de la Junta de Andalucía contra una empresa andaluza muy antigua, que emplea en este servicio más de 60 vehículos y a unos 150 trabajadores".

La empresa afirma que cuenta con el "respaldo total" de la plantilla y los sindicatos. Por su parte, la Junta "garantiza" los puestos de trabajo actuales, ya que, en caso de resolución de contrato, la nueva adjudicataria estaría obligada a la subrogación de todos los empleados.

Con anterioridad la Junta sólo ha resuelto una concesión de transporte de este tipo, basándose en que el tráfico había sido abandonado totalmente por la empresa concesionaria.