Un juez investiga a una constructora en quiebra por una estafa de 10 millones

Un juzgado de Sevilla investiga al grupo Dolmen, actualmente en concurso de acreedores, en relación con una presunta estafa de más de 10 millones de euros por las deudas contraídas con dos empresas especializadas en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

La denuncia ha recaído en el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que ya ha citado a declarar como imputados el próximo jueves al director general de Dolmen, A. G. L., y a un apoderado de la sociedad, A. C. T., según han informado a este periódico fuentes judiciales.

Dolmen fue denunciada por las constructoras Dosevi y Gestión y Servicios, especializadas en la construcción de VPO y que trabajaban "casi de forma exclusiva" con la entidad denunciada, que actualmente se encuentra inmersa en un concurso de acreedores.

Ambas constructoras suscribieron durante años contratos de ejecución de obras o de prestación de servicios concretos con las distintas sociedades que integran el grupo Dolmen, pero en 2009 se produjo un "masivo impago" de un buen número de pagarés con vencimiento ese año.

Tras una serie de "duras negociaciones", los dueños de Dolmen aceptaron que las distintas sociedades reconocieran "expresamente las deudas y el origen de las mismas, para lo cual se suscribieron varios documentos privados entre el segundo y el tercer trimestre de 2010, que posteriormente fueron elevados casi todos a escritura pública ante notario. La deuda reconocida ascendía a 10.545.470,13 euros, según especifica la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico.

De esta forma, se consiguió retrasar de 2009 a 2011 el pago de la deuda, pero una vez cumplida la fecha de estos reconocimientos , las distintas sociedades procedieron a la resolución unilateral de los contratos, revocando todos los reconocimientos de deuda y garantías de pago convenidas.

Según la denuncia, en realidad los reconocimientos de deuda "fueron sólo una monumental treta para ganar tiempo, trasladando a los responsables de Dosevi y de CyR la esperanza, pero engañosa, de cobro de lo adeudado, puesto que lo que siempre se pretendió por las deudoras fue no pagar la deuda".

Las empresas denunciantes consideran que los documentos de reconocimiento de deuda fueron suscritos "sin intención alguna de cumplirlos y tan sólo con el objetivo de enredar o engatusar" a estos empresarios con "engañosos compromisos de pago, a fin de evitar la reclamación judicial de las deudas". El 30 de diciembre de 2011, Dosevi y CyR solicitaron la declaración de concurso de acreedores y Dolmen respondió con cinco demandas contra estas sociedades por supuestos daños y perjuicios causados por valor de 16,5 millones que, según los denunciantes, "no es más que otro hito de la treta diseñada" para eludir el pago.