La juez ve "administración desleal" en Mercasevilla y abre una nueva vía

Nuevo frente judicial en el caso Mercasevilla. La juez decidió ayer abrir una tercera vía de investigación por delito societario que se suma a las pesquisas por el cobro de las comisiones ilegales y a la adjudicación fraudulenta de los terrenos de la empresa. La magistrada que instruye el caso ve una "amalgama de hechos" que derivan en una "administración desleal". La juez realiza esta aseveración en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por el PP. Afirma que "teniendo en cuenta la presunta falsedad de las cuentas anuales y que de facto las decisiones económicas ordinarias se tomaban exclusivamente por la dirección" resulta obligado investigar una veintena de hechos supuestamente delictivos: los pagos con tarjeta visa realizados por la dirección de los que no existe documentación, los gastos de viajes no justificados realizados por el subdirector Daniel Ponce, el abono de la asociación de mayoristas de pescado de 76.000 euros entre los ejercicios 2007 y 2008 por servicios de asesoramiento y reembolso por compra de palets, gastos no justificados, la beca de estudios concedida a la hija del presidente de la asociación de mayoristas, el doble pago realizado por Mercasevilla y por la Fundación por una conferencia impartida dentro del foro jurídico de la Fundación y, finalmente, los servicios prestados por las empresas Maginae Solutions -empresa vinculada a UGT y a su dirigente Juan Lanzas- y Hermes Consulting por el asesoramiento del ERE y otras dos empresas por los gastos de publicidad de 2007.

La juez acepta la ampliación de la querella presentada por el PP, partido que presentó la primera denuncia por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, luego ampliada a lo que la juez ha denominado "adjudicación fraudulenta" de la venta de sus terrenos.

La juez dirige las nuevas diligencias contra los directivos de Mercasevilla ya imputados Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo, pero añade que ello se hace "sin perjuicio de que la presente instrucción pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsables".

El PP dirigió esta ampliación de querella contra el concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el actual gerente de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, el ex concejal Gonzalo Crespo y los altos cargos designados por la empresa estatal Mercasa: Ángel Gil Pascual y José Ignacio Fernández Estellés.

El auto solicita información sobre 20 apartados contables y de gestión, el organigrama y retribuciones de la Fundación Mercasevilla desde su fundación, sus libros de cuentas, estados de gestión, contratos de préstamo y convenios, ordena a la Policía que informe sobre "los procedimientos de contratación" y pide que la Intervención General del Estado analice toda esta documentación.

Entre los hechos que deben investigarse, cita la financiación del ERE de Mercasevilla en los años 2007 y 2010, pues si resulta no ser cierto el compromiso de pago por parte de la Junta de Andalucía, "dicha partida de 9 millones de euros realmente tendría que registrarse como pérdida y ello podría general que la sociedad incurriera en causa de disolución". La juez también pide que se investigue por qué Mercasevilla ha tenido que asumir los costes del IRPF de los trabajadores incluidos en el ERE, si ha habido un "trasvase fraudulento" de trabajadores de Mercasevilla y su Fundación, así como la existencia de un trasvase de gastos e ingresos entre ambas. Incluso la juez pretende que el Instituto de Contabilidad y Auditoría del Ministerio de Economía determine por qué las irregularidades detectadas por la consultora Deloitte tras la primera investigación judicial en Mercasevilla no fueron detectadas por la entonces empresa auditora, Price Waterhouse, que hizo el informe de auditoría de 2008.

La juez valora en su auto que todos estos hechos suponen una "amalgama que conllevaría una gestión desleal de Mercasevilla, generándole importantes perjuicios económicos".