Un litigio a fuego lento

La historia de la expropiación del edificio Laredo es larga, compleja y tortuosa. Comenzó en 1989, cuando el Ayuntamiento de Sevilla presidido por Manuel del Valle incluyó el inmueble en el registro de solares. Esta decisión obligaba a su propietario a acometer una serie de obras para su correcto funcionamiento en un plazo máximo de dos años. La medida no tuvo el efecto deseado. Aunque el proceso de abandono y deterioro del inmueble se inició bastante antes, el Consistorio no decidió tomar cartas en el asunto hasta febrero de 1991, cuando la Gerencia de Urbanismo declaró incumplido el deber de la propiedad de solicitar la licencia para realizar obras de consolidación y mejora para mantenerlo en las debidas condiciones urbanísticas.

Un año más tarde y después de haber incluido el edificio -propiedad en ese momento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA)- en el registro de solares de edificación forzosa, el Pleno municipal aprobaba su expropiación siendo alcalde de la ciudad Alejandro Rojas Marcos. La idea consistía en incorporar el inmueble a los usos representativos de la propia Casa Consistorial, a la que quedaría conectado mediante un túnel. Como suele ser habitual en estos casos, hubo discrepancias en la tasación de su valor. El Ayuntamiento lo valoró en 40 millones de pesetas, mientras que la propiedad fijaba una cantidad considerablemente superior: 305 millones. Debido a que ambas partes no llegaron a un acuerdo sobre el justiprecio a pagar, el caso acabó en septiembre de 1992 en manos del Tribunal Provincial de Expropiación. Al final, la tasación quedó fijada en 113 millones de pesetas, cantidad que fue depositada ante el juzgado en noviembre de 1997 por el gobierno municipal, que desde entonces se considera propietario legal del edificio, con independencia de los pleitos que quedaban por resolver.

En el largo periodo que tardó en dar su dictamen el Tribunal de Expropiaciones, la CLEA recurrió ante la Justicia la decisión municipal de expropiar el inmueble del arquitecto Ramón Balbuena y Huertas. La Sala de lo Contencioso se pronunció a favor del Consistorio en abril de 1995. Para acabar de complicar aún más la situación, se produjo un cambio de titularidad en la propiedad. De la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras pasó a manos de la empresa Rosma, que tras constatar su estado de abandono y que el Ayuntamiento no tomó posesión de él ni se cumplieron los fines que dieron lugar a la expropiación, presentó ante la Gerencia en el verano de 1996 una solicitud de caducidad del expediente de expropiación o bien, subsidiariamente, la retasación del edificio basándose en que el Consistorio sobrepasó ampliamente los plazos que la ley de expropiación forzosa concede para la misma. La petición fue rechazada, ante lo cual la empresa interpuso un recurso por vía judicial. Frente a las denuncias de la propiedad, la Gerencia ya no tenía tan claro el uso definitivo del Laredo. La intención era recuperarlo y proceder a la rehabilitación y consolidación de la fachada. Pero algo había cambiado. La prioridad para Soledad Becerril, que entró en la Alcaldía un año antes, era la construcción de una nueve sede administrativa municipal en el Prado de San Sebastián.

A la espera de la respuesta definitiva del Jurado Provincial de Expropiaciones, lo único cierto era que el edificio continuaba con su proceso de deterioro sin que nadie interviniese para remediarlo. Durante muchos años, el gobierno municipal ocultaba la ignominiosa fachada cada vez que la ciudad celebraba sus fiestas o la engalanaba con motivo de algún acontecimiento, como fueron los actos de la boda de la infanta Elena o la visita de miembros de la comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional.