La piscina de la prisión de Sevilla-I tiene una fuga de agua que le hace perder entre 8.000 y 9.000 litros diarios, según denunció ayer el sindicato de trabajadores penitenciarios TAMPM (acrónimo de Tu Abandono Me Puede Matar). Esta organización asegura que la piscina tiene que ser rellenada continuamente para mantener un nivel medio sobre su capacidad. El agua que se utiliza proviene de un pantano cercano, que abastece al centro penitenciario. 

Para los trabajadores de la cárcel, al Gobierno "no parece importarle la escasez de agua que está sufriendo España, y especialmente Andalucía, este verano, ya que están permitiendo seguir adelante con la apertura de esta instalación que para nada es necesaria para la reinserción de presos". Para TAMPM, la piscina "es más un lujo que en muchas poblaciones no se pueden permitir, y más en una época de escasez de lluvias y en un territorio donde los pantanos y embalses están por debajo de la capacidad necesaria para abastecer a la población".

Fuentes de Instituciones Penitenciarias admitieron que la piscina tiene pérdida de agua, si bien explicaron que es imposible determinar cuál es la cantidad que pierde. La instalación lleva abierta desde el 22 de julio y se ha detectado que pierde agua. Se ha llamado a una empresa para que valore el estado de la misma y localice la fuga. Igualmente, las fuentes indicaron que hay un porcentaje de pérdida por evaporación, máxime con las altas temperaturas que se han soportado en Sevilla en las últimas dos semanas.

El sindicato responsabiliza al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Este gasto y consumo extra de agua, ocasionado por la deficiencia de estas instalaciones, debe ser conocido por Instituciones Penitenciarias, ya que supone un gasto económico a todas luces ineficiente y fuera de lo normal", añade TAMPM.

"Pero los gestores de la política penitenciaria actual deben estar mirando para otro lado en su afán de proveer de cada vez más derechos y servicios a los reclusos, importándoles bien poco la eficacia de sus políticas", indica el sindicato, que recuerda que hay una tasa de reincidencia de más del 30% entre los delincuentes y que los trabajadores sufren una escalada de violencia, con agresiones diarias.

"Nos parece bochornoso que se permita este gasto injustificado de energía y agua, mientras el Gobierno se atreve a dar lecciones a la población sobre un consumo responsable". TAMPM dice que no entiende que se "mire para otro lado ante este derroche de agua", ni tampoco que no se priorice el gasto en otras necesidades que sufren los centros penitenciarios, como es la falta de personal y material para desarrollar el trabajo de los empleados públicos. La organización solicita el cierre de la piscina mientras no esté reparada. 

El colectivo recuerda que, durante la pasada primavera, el secretario general de Instituciones Penitenciarias hizo una recomendación a los directores de las prisiones para la apertura de las piscinas cuanto antes. Esto hizo que se aceleraran los cursos de socorristas para internos, así como la limpieza y acondicionamiento de las instalaciones. 

En junio de 2018, nada más llegar a su cargo, Ángel Luis Ortiz encargó a los directores de los centros penitenciarios que cuentan con piscina un informe sobre el estado y situación de las mismas, ya que habían permanecido cerradas los años anteriores, durante la gestión del PP y debido a la crisis económica.