Con casi un mes de retraso, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, recibió ayer una comunicación oficial y por escrito de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla en la que se solicita la práctica de la prueba clínica del Potencial Evocado Cognitivo (P300), conocida como el test de la verdad, al asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, para tratar de esclarecer si dijo la verdad sobre que el cuerpo de la joven fue enterrado en la finca Majaloba de La Rinconada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó que Miguel Carcaño, que cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), ha dado ya previamente su consentimiento para someterse al test de la verdad, como ya publicó este periódico.

El instructor dará ahora traslado de la solicitud de la Policía al Ministerio Fiscal, a la representación legal de la familia de la menor así como a la defensa de Miguel Carcaño "con el fin de que expresen su parecer al respecto", aseguró el Alto Tribunal andaluz, que añadió que una vez que las partes expresen su opinión, el magistrado resolverá la cuestión.

Contando ya con el consentimiento del propio afectado y que éste, como penado, es en principio libre para someterse a este tipo de pruebas, incluso a la hipnosis si quisiera, todo apunta a que el juez no opondrá ninguna objeción a la práctica de esta prueba, según han apuntado fuentes del caso. La Fiscalía ya aseguró hace unas semanas que no se opondría a que Carcaño se sometiera de forma voluntaria al test.

La prueba neurológica tiene un coste cero y una fiabilidad de entre el 85% y el 95%, según el doctor José Ramón Valdizán, jefe del servicio de Neurofisiología del hospital Miguel Servet de Zaragoza y pionero en la aplicación del Potencial Evocado Cognitivo, la P300. En el caso de Carcaño, la prueba serviría para "decir lo que es verdad y lo que no es", ya que se le expondrían otros lugares en los que dijo que habían arrojado el cuerpo, como el río o el vertedero, añadió el neurofisiólogo. Para la práctica de la prueba a Carcaño se plantearían dos tipos de estímulos -fotos y textos- según lo que quieran averiguar los investigadores.

La Policía defiende que esta prueba no supone la violación de ningún derecho personal de Carcaño, sino que busca comprobar que el sujeto que se somete a ella tiene recuerdos sobre las cuestiones que se le plantean.

En principio, Miguel Carcaño, como persona que está penada cumpliendo la condena de 21 años y tres meses es una persona "libre" para someterse a este tipo de pruebas o a cualquier otra siempre que acceda voluntariamente. La P300 ya ha sido probada en la investigación de otro crimen, el cometido presuntamente por Antonio Losilla, que está acusado del asesinato de su mujer, cuyo cuerpo sigue sin apaecer, aunque su abogado la impugnó porque cree que vulnera su derecho a no declarar contra sí mismo y esta prueba capta una onda eléctrica involuntaria que podría ir contra esas garantías legales de los detenidos y acusados.