El Ayuntamiento de Sevilla ha reactivado este lunes el proceso de regulación de las viviendas turísticas con una ronda de contactos con los sectores directamente afectados: las propias asociaciones que gestionan este tipo de alojamientos, los vecinos de los barrios con mayor presión y los hoteleros, que han sido los primeros en expresar su opinión al respecto. Según Manuel Cornax, presidente de la patronal, esta ordenación es necesaria y urge porque hoteles y viviendas son competencia en las plataformas y canales de comercialización de camas y quieren "igualdad de condiciones". 

Según ya había adelantado hace unos días el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, la intención es elevar al Pleno el próximo febrero una propuesta de cambio del PGOU, el primer paso que Sevilla dará para establecer una calificación específica para dichas viviendas, que actualmente no existe. La intención es reconocer el uso turístico de estos pisos de manera diferenciada del uso residencial y así homologarlos a los hoteles y otras categorías alojativas. Pero luego, aunque inicialmente se descartó, el gobierno municipal estudiará incluso fijar una moratoria en el sector mientras se culmina la regulación que, eso sí, no tendrá carácter retroactivo. En los próximos meses, una vez que se avancen en los trámites, decidirán también si es necesaria una ordenanza municipal específica o algún plan especial.

Estos contactos persiguen poner de manifiesto la voluntad política firme del gobierno municipal y alcanzar también el máximo consenso en un proceso para el que se están tomando todas las cautelas jurídicas posibles, según Muñoz. Como han hecho ya otras ciudades, hace más de dos años que el Ayuntamiento de Sevilla abrió el debate sobre la necesidad de regular estas viviendas y la crisis generada por la pandemia no ha alterado sus planes, en contra de la opinión de los propietarios y gestores de este tipo de alojamientos, que no consideran prioritario esta cuestión en estos momentos de caída drástica del turismo que ha obligado a autorregularse ya al sector.

El impulso definitivo ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que a finales de 2020 ratificó la ordenación  torno a las viviendas con fines turísticos que realizó el Ayuntamiento de Bilbao con un modelo similar al que se estaba analizando en el caso de Sevilla. El fallo viene a decir que los ayuntamientos tienen potestad para decidir qué tipo de ciudad quieren y cómo deben regularla.

El gobierno municipal esgrime, por tanto, que hay argumentos políticos, pues ya se acordó con todos los grupos políticos la oportunidad de regular estas viviendas; jurídicos y también turísticos para dar ese paso. En este sentido, Muñoz ha apuntado que los pisos turísticos se han multiplicado por tres desde 2017 en la capital, mientras que las plazas hoteleras no han superado el 13% de incremento. Un  desequilibrio en torno a la "oferta reglada" que quieren corregir.

El gobierno local esgrime que hay argumentos políticos, jurídicos y turísticos, pues las viviendas turísticas se han multiplicado por tres desde 2007 y los hoteles sólo un 13%

Muñoz ha recordado que existe absoluta coordinación también con la Junta de Andalucía para emprender un camino que ya han iniciado ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián o Málaga, entre otras, y ya reiterado que simplemente se trata de homologar esta figura, no fijar ningún agravio.  

No obstante, el Ayuntamiento es consciente del rechazo que el proceso genera entre las asociaciones de viviendas turísticas, que hace meses que advirtieron que recurrirían este cambio en el PGOU, y que también han protestado por la segunda consulta ciudadana realizada por el gobierno local para pulsar una opinión en un momento en el que la pandemia había distorsionado la realidad del sector turístico. A estas asociaciones y a la movilización interna "y legítima" generada achaca que el restultado de la segunda consulta haya sido totalmente opuesto a la primera, realizada hace más de un año y que arrojó una opinión mayoritaria a favor de regular estos pisos. Esto, sin embargo, no alterará los planes municipales.

Cornax, por su parte, ha apuntado que no se trata de excluir a nadie, sino de fijar unas condiciones para que todos sepan a qué atenerse y así luchar contra el intrusismo y mejorar la imagen de una ciudad donde todos los actores cumplan unos requisitos de calidad.