El supuesto infiltrado acusa a la Policía de "mentir" en el juicio

Los policías nacionales que comparecieron en el juicio a los padres del Cuco y al supuesto infiltrado "mintieron descaradamente" dejando "tirado a su informante y lanzándole una condena injusta". Así de vehemente se muestra la defensa del supuesto infiltrado en el entorno de la familia del Cuco, P. B. R., en el recurso que ha presentado en la Audiencia de Sevilla contra la sentencia que le condenó a pagar una multa de 2.520 euros por un delito de quebrantamiento, la misma condena que se impuso a los padres del que fuera menor, Rosalía García Marín y Ángel Romero Cid.

La abogada del supuesto infiltrado -cuya teoría desmonta el juez de lo Penal número 10 en su sentencia- ha solicitado a la Audiencia Provincial que declare la nulidad de la propia sentencia y del juicio, o bien que acuerde su absolución, al estimar que se han vulnerado sus derechos fundamentales -por la admisión de la declaración de dos policías que no habían sido citados en un principio- y porque, en su opinión, se ha producido un "manifiesto error" en la apreciación de las pruebas que ha derivado en la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.

La defensa sostiene en su recurso, al que ha tenido acceso este periódico, que los policías que comparecieron en la vista oral son unos "testigos interesados" -no objetivos ni independientes como apuntó el magistrado-, porque en el caso de haber reconocido que "dieron instrucciones" al supuesto infiltrado para conducir el vehículo en el que se dirigía el menor a Sevilla, "tal conducta implicaría que conocían que el menor iba a cometer un delito, lo consintieron e incluso propiciaron la participación" de P. B. R. como "cooperador necesario en el quebrantamiento", una conducta que constituiría un "delito provocado".

El recurso añade que el control donde fue sorprendido el Cuco "no tuvo nada de casual" y destaca que gracias a esa actuación se logró que el menor "confesase, sin abogado" pero en presencia de dos agentes, que la noche del crimen llegó a la casa de Miguel Carcaño en León XIII y vio a Marta del Castillo "en un charco de sangre". Para la defensa, ése era el "verdadero móvil del control encubierto y de lo que ocurrió aquel día".

El recurso insiste en que hay prueba documental en los autos que acredita la "condición de informante" de P. B. R., en concreto, dos escritos de la Udyco y de la Guardia Civil de 2008, y explica que al supuesto infiltrado le fue concedido el indulto "por ser confidente". Para la letrada, aunque tenga antecedentes policiales, "también se ha dejado dos años de su vida sin remuneración tratando de ayudar desde el otro lado a que se resolviera el caso de Marta del Castillo".

Sobre esta cuestión, advierte que el asesinato de Marta es una "herida abierta y sangrante para el Cuerpo Nacional de Policía por su incapacidad para encontrar el cuerpo de la joven y porque los propios agentes no tienen claro que no falten culpables por ser encarcelados", y asegura que sólo interceptando el coche que conducía el supuesto infiltrado los investigadores tenían la posibilidad de acceder al Cuco a solas y sin abogado. "En realidad, el quebrantamiento poco le importaba a la Policía, que lo que había planeado con P. B. R. era precisamente poder interrogar al menor", precisa la defensa en su alegato.

Aquel día, prosigue, el Cuco "explotó y relató cómo encontró a Marta tirada en el suelo en un charco de sangre. El plan de interceptar al Cuco había salido como se pretendió", señala el recurso, que cuestiona que "como mínimo no es ortodoxo ese seudointerrogatorio al que sometieron al menor".

Para la abogada del supuesto infiltrado, los investigadores del caso "estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por resolver el caso". Y ese "como sea ha llevado a los agentes a mentir descaradamente en un juicio dejando tirado a su informante y lanzándole a una condena injusta".

Por ello, concluye que los policías no son testigos objetivos ni independientes, sino "contaminados y con intereses muy poderosos en la resolución del caso".

La letrada también critica la celeridad con la que el juez puso la sentencia, puesto que "sorprendentemente" el fallo es "del mismo día que se celebró el juicio", lo que le lleva a concluir que el magistrado hizo un juicio de inferencia "absolutamente ilógico, irracional y poco meditado, probablemente por la falta de tiempo en analizar el caso", y añade que si la vista oral terminó a las 14:20, durante las 9 horas y 40 minutos que restaban de esa jornada hasta la medianoche, el juez "además de sus quehaceres diarios, meditó, redactó y motivó una sentencia de 15 páginas". La letrada se pregunta si "hacer Justicia no merece un poco más de sosiego y reflexión".