Un total de 27 familiares de personas acogidas en las residencias de mayores de la provincia de Sevilla han mostrado su negativa a que se vacunen contra el coronavirus, lo que ha motivado la tramitación de procedimientos judiciales para que el juez dictamine si debe o no autorizarse la inoculación del remedio contra el Covid-19.

De los 27 casos conocidos, ocho han finalizado hasta ahora con el dictado por parte de un juez de un auto ordenando la vacunación de la persona mayor -siempre en casos en los que éstos no tienen sus plenas facultades para decidir voluntariamente si se ponen o no la vacuna-, según ha explicado a este periódico el fiscal de la Sección de Mayores y de Personas con discapacidad de Sevilla, Norberto Sotomayor.

El fiscal recuerda que hay cuatro expedientes que han sido archivados porque los familiares, una vez iniciado el expediente judicial, se han convencido finalmente de la necesidad de vacunar a estas personas y la han autorizado, como ha ocurrido con dos mayores en la localidad de Utrera. 

También hay un caso en el que, una vez iniciado el expediente, no se ha autorizado la vacunación, después de que el médico forense haya emitido un informe en el que consideraba que no era conveniente por el momento la vacunación por el posible riesgo para la salud del afectado, por lo que se ha dictado un auto rechazando dicha inoculación, con el apoyo de la Fiscalía. Y hay otro caso que está pendiente de celebrar una vista en el juzgado, porque así lo ha pedido el abogado de los familiares que se niegan a la vacunación.

De esta forma, la vacunación de las personas mayores de la residencias sólo ha arrojado esta treintena de incidencias, una cifra pequeña si se tiene en cuenta que en Sevilla hay, según los datos recopilados por la Fiscalía al inicio de la pandemia, 172 residencias de mayores, de las que sólo hay diez de titularidad pública, lo que representa el 5,8% del total. En las residencias hay unos 8.000 mayores y 5.200 trabajadores. Mientras que hay otras 41 residencias para personas con discapacidad, de las cuales sólo hay cuatro públicas y en las que no se produjo ninguna muerte por el Covid-19 durante la primera ola de la enfermedad. En estos centros de discapacidad hay unos 940 residentes y 944 trabajadores.

Un total de 425 fallecimientos en las residencias

Desde que se inició la pandemia han fallecido por el coronavirus un total de 425 personas mayores que residían en algún geriátrico, a las que hay que sumar otras diez muertes en las residencias de personas con discapacidad. El fiscal Norberto Sotomayor explica que el mes de febrero ha sido especialmente duro, por cuanto se han producido más de 50 defunciones. A fecha 1 de febrero habían fallecido 222 ancianos en las residencias, pero en este mes se produjo un incremento de las defunciones, coincidiendo con las fases más importantes de la tercera ola, que ha hecho que la cifra de fallecidos se haya disparado hasta los 274 en la actualidad.

A estos 274 fallecidos que se han registrado en la provincia de Sevilla desde finales de agosto, hay que sumar los 151 que se produjeron durante la primera ola, lo que hace ese trágico balance de 425 muertes.

No obstante, conforme se han ido vacunando a los mayores de los geriátricos -en la actualidad quedan muy pocos mayores por vacunar y no se han detectado incidencias-, han comenzado a bajar los contagios hasta niveles prácticamente irrelevantes. Hasta el día de ayer se contabilizaban sólo nueve casos positivos entre los mayores de las residencias -aunque el fiscal cree que son algunos menos-, lo que sitúa la incidencia a niveles de finales de agosto, el día 31 de agosto había sólo ocho casos. Además hay 15 positivos entre los trabajadores, aunque igualmente la cifra va reduciéndose semanalmente.