Sevilla

Las viviendas turísticas emprenderán acciones legales si la regulación municipal sale adelante

Varios turistas entran en una vivienda turística del centro de Sevilla. Varios turistas entran en una vivienda turística del centro de Sevilla.

Varios turistas entran en una vivienda turística del centro de Sevilla. / José Ángel García

El proceso de regulación de las viviendas de uso turístico que ha iniciado el Ayuntamiento de Sevilla ha generado críticas por parte de este sector, que pone en cuestión las razones esgrimidas por el gobierno municipal para impulsar esta medida en estos momentos y que anuncia el emprendimiento de acciones legales en caso de aprobarse la medida anunciada.

El primer paso que el gobierno municipal va a dar es un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para equiparar esta figura de la vivienda turística a la del resto de alojamientos: hoteles, hostales, pensiones y apartamentos. La intención es exigir las mismas condiciones a todas estas modalidades a la hora de otorgar la licencia, una igualdad que se reclama desde hace mucho desde el sector hotelero, que se siente perjudicado por la competencia que han supuesto en los últimos años los pisos turísticos. 

La intención es la de limitar ya que estas viviendas se han multiplicado por tres desde 2017 en la capital, un crecimiento muy superior al hotelero. Un fenómeno que no es exclusivo de Sevilla y que está siendo abordado desde hace ya un tiempo en las distintas ciudades turísticas. De hecho, el debate en la ciudad se inició hace ya más de dos años, pero el Ayuntamiento ha querido ir con pies de plomo para garantizar seguridad jurídica y evitar que la norma, como ha ocurrido en otras capitales, acabase en los tribunales. De hecho, está buscando el máximo consenso político y ciudadano, y ya pidió un informe jurídico externo, ha realizado dos consultas ciudadanas y ha impulsado el proceso después de conocer una sentencia del Tribunal Supremo que avala los pasos ya dados en Bilbao y que se asemejan a los planes de Sevilla. 

David Moreno, secretario general de AVVA y presidente de la asociación en Sevilla. David Moreno, secretario general de AVVA y presidente de la asociación en Sevilla.

David Moreno, secretario general de AVVA y presidente de la asociación en Sevilla. / AVVA

No obstante, desde el sector se rebaten estos argumentos. Así, se pone en duda que haya razón legal ni jurisprudencial para someter ahora a esta regulación a las viviendas turísticas. "Mucho menos si ésta es restrictiva, pues ya de hecho la propia pandemia las ha restringido y ha limitado su mercado”, apunta David Moreno, secretario general de AVVA y presidente de la asociación en Sevilla, que tampoco ve razones turísticas para ello. Es más, cree que el proceso iniciado es un intento de "paralizar la actividad de un sector que genera inversión y empleo en la ciudad". 

"Nos resulta incomprensible que en el momento actual, con una crisis económica descomunal y con la ruina total del turismo y de la economía local, el Ayuntamiento sevillano no tenga otra misión que poner limitaciones a la recuperación de los ingresos de miles de familias sevillanas que, de forma directa e indirecta, como el caso de pequeños comercios, bares y restaurantes, viven de la actividad de las viviendas turísticas, las cuales, por otra parte, se encuentran perfectamente regladas, totalmente normalizadas y profesionalizadas y, si algo necesitan, es el apoyo de la Administración", denuncian desde AVVA.

Las viviendas de uso turítistico están reguladas por el Decreto 28/2016 de la Junta de Andalucía, una norma que otros sectores turísticos consideran demasiado laxa. No obstante, buscar el encaje legal para endurecer la regulación no es fácil y, de hecho, hay numerosos antecedentes de otras ciudades en los tribunales, algo que ha querido evitar Sevilla a toda costa. En este sentido, AVVA señala que "es preciso que el Ayuntamiento tome en consideración que los criterios limitativos, en todo caso, deben estar justificados por una razón imperiosa de interés general, ser proporcionados a ese objetivo de interés general, claros, inequívocos y objetivos. Asimismo, los criterios han de ser transparentes y accesibles, tal y como establece la vigente Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, en su artículo 10”.

Desde el sector equiparar hoteles con viviendas turísticas resulta desacertado "porque, pese a ser figuras complementarias, no son equivalentes, y lo que se deduce es, simple y llanamente, la voluntad del equipo de Gobierno municipal de hacer inviable el desarrollo de esta actividad poniendo en peligro miles de empleos y decenas de millones de euros de inversión e ingresos para la ciudad de Sevilla, además de impedir el desarrollo de un modelo de ciudad que incorpora, por ser reversible, el uso residencial a zonas intensivas de servicios del centro histórico y que extiende sus beneficios a otros barrios de Sevilla donde el turismo no ha llegado”.

Por otra parte, desde AVVA también se critican las formas en este proceso "con falta de transparencia, con ambigüedad y sin contar con el consenso del sector de las viviendas turísticas, a pesar de que hemos pedido a Urbanismo insistentemente y en innumerables ocasiones que nos den traslado de los detalles concretos de su propuesta para aportar soluciones constructivas en beneficio de todos”. El Ayuntamiento de Sevilla inició la ronda de contactos con el sector turístico con los hoteleros, pero asegura que su intención es dialogar antes de elevar la propuesta con las viviendas turísticas y también con colectivos vecinales, entre otros.

AVVA, que se reunirá la semana próxima con los responsables municipales, confían en que el proceso se reconsidere y reclama al alcalde, Juan Espadas, que recapacite, recordando que la última consulta ciudadana realizada por el propio Ayuntamiento reveló que "el 70% de los vecinos considera que el Consistorio no ha de regular las viviendas turísticas".

El proceso está en marcha y el gobierno municipal ya ha manifestado su intención de lograr un máximo consenso después de haber asumido su compromiso firme con el resto de grupos políticos. Y aborda esta regulación en la pandemia al considerar que existen garantías y razones suficientes.

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