El Sevilla tendrá que realizar un obligado reajuste presupuestario ante la irrupción del coronavirus. Las altas instancias del club están hilando fino en ese reajuste. De momento, esta semana supone un alivio el pistoletazo de salida para la vuelta a los entrenamientos. A final de semana ya podrían estar los futbolistas del Sevilla pisando el césped como prólogo a la vuelta de la competición. Pero ésta será sin público y esto también significará una merma importante en los presupuestos. Dado que éstos fueron temerarios y ajustados por el ambicioso proyecto que presentó el Sevilla en la Junta, el club optó por presentar un ERTE, lo cual ha traído todo tipo de supicacias.

En primer lugar, dentro de ese ajuste presupuestario, el Sevilla no sabe aún a ciencia cierta qué cifra de negocios le quedará al final del presente y extraño ejercicio, que en teoría termina el 30 de junio y que se alargará porque puede haber competiciones hasta agosto. Y serán las competiciones las que marquen la cifra de ingresos deportivos. Y a ello hay que sumar la incógnita del mercado de traspasos en verano, teniendo en cuenta la crisis que se avecina, dado que es la partida de ingresos extraordinarios más importante del club. Es decir, antes de que se sepa si se reanudará la competición o no, es imposible prever ni el montante de los ingresos ordinarios ni el de los extraordinarios.

En segundo lugar, habría que aclarar que cuando la Junta de Accionistas de 2019 aprobó la reforma de los Estatutos Sociales, en concreto su artículo 30º, para la remuneración del consejo de administración éste quedó fijado así: "La remuneración anual de los consejeros por todos los conceptos será del 1% de los ingresos del ejercicio social, computándose a estos efectos tanto los ingresos ordinarios como los extraordinarios". O sea, que los administradores del Sevilla, desde su presidente y sus dos vicepresidentes hasta el último de sus consejeros, tendrán que ver reducido sus emolumentos, y cobrarán como máximo el 1% de esos ingresos totales que depararán el presente ejercicio. Así pues, este reajuste obligado tendrá que hacerse a posteriori.

José Castro también prometió al presentar el ERTE que tanto el consejo como sus altos ejecutivos harían un esfuerzo por rebajar sus emolumentos, al margen de esa obligada reducción en paralelo a los ingresos del club.

Al mismo tiempo, desde Madrid surgió ayer la información de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo fiscalizarán especialmente los gastos de los clubes que se hayan acogido a ERTE. Entre los ocho de Primera División está el Sevilla. Sin embargo, este diario ha consultado a varios especialistas en la materia y todos niegan que estar acogido a un ERTE tenga requisito alguno por parte del Ministerio de Trabajo respecto a la cuenta de gastos de los clubes. Otra cosa es que Hacienda acentúe la vigilancia a la que está obligada para que la contabilidad de los clubes esté en los márgenes del régimen fiscal de cada partida. Legalmente no hay ningún instrumento que habilite tal fiscalización.

Aun así, el Sevilla, que nunca agota los topes que marca la LaLiga en coste de plantilla, y controla su cuenta de gastos para que la inversión en fichajes no rebase sus límites, debe medir bien sus pasos. El coronavirus ha traído un nuevo panorama, coincidiendo con el presupuesto más ajustado y ambicioso, el de los 215 millones de euros. Y a esa reducción se tendrá que adaptar el club, tanto en los fichajes como en otros costes, incluida la remuneración del consejo. Es decir, que esa amenaza gubernamental parece más un brindis al sol y lo esperable es que la prometida reducción de sueldo del consejo, distinta al obligado reajuste, no sea otro brindis al sol.