El aborto bloquea al CGPJ, que por primera vez no informará sobre una ley

El debate del anteproyecto del Gobierno sobre la ley del aborto se ha bloqueado en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), que no ha conseguido aprobar un informe, por lo que por primera vez en la historia el órgano de gobierno de los jueces no emite un dictamen sobre una reforma legislativa.

Durante la reunión del Pleno, el Consejo ha votado el informe aprobado por la Comisión de Estudios, que veía oportuno que los padres fueran informados de que sus hijas menores iban a abortar, y no ha logrado una mayoría suficiente para su aprobación (12 votos), ya que se ha registrado un empate a diez votos a favor (los vocales propuestos por el PSOE y PNV) y en contra (los del PP y el presidente) y una abstención, la del vocal Ramón Camp, propuesto por CiU. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que es necesario, la mayoría para aprobar cualquier informe en el pleno del CGPJ, es decir, se requieren al menos once votos de los 21 vocales. Del mismo modo, Carlos Dívar, presidente de la institución, no pudo hacer valer su voto de calidad al no darse una situación real de empate, ya que todos los vocales se pronunciaron. Si en lugar de abstenerse Camps no se hubiese presentado, el empate sí se hubiese producido y Dívar habría tenido que ejercer su voto de calidad.

Tampoco ha recibido el respaldo suficiente otro texto (contrario al texto del Ejecutivo y discrepante con el de la Comisión de Estudios), presentado por el vocal conservador Claro José Fernández, ya que ha recibido diez apoyos (los consejeros conservadores) y once en contra (los del PSOE, PNV y CiU).

Los vocales analizaron la posibilidad de hacer un tercer informe, que se ha descartado, explicó la portavoz del poder judicial, Gabriela Bravo, teniendo en cuenta que ya se habían pedido dos prórrogas al Gobierno del plazo previsto para emitirlo y porque "pese a los grandes esfuerzos y trabajos, no se ha conseguido consensuar" un texto. "El Consejo no va a emitir ningún informe", explicó Bravo, quien reconoció que "la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas" en la sociedad y en el seno del órgano de gobierno de los jueces. La portavoz señaló que el CGPJ "ha desarrollado un trabajo técnico y como órgano consultivo ha procurado hacer un informe que sirviera para mejorar el texto legal, pero tras el debate correspondiente no se han conseguido consensuar voluntades suficientes para poder sacar el informe adelante".

Ante esta situación, el Consejo del Poder Judicial tendrá que comunicar al Gobierno que no emitirá su opinión sobre la reforma de la ley del aborto, que continuará su tramitación sin el preceptivo, pero no vinculante, informe judicial. El informe de la Comisión de Estudios, cuya ponente fue la vocal Margarita Uría, avalaba la constitucionalidad del proyecto de ley del Gobierno, pero incidía en la oportunidad de que los padres fueran informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.

Sobre la decisión de abortar, planteaba que cualquier mujer puede acordarlo por sí misma en el caso de que "tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma, con independencia de que sea mayor o menor de 16 años". Pese a que aconsejaba informar a los padres, también reconocía que pueden darse "circunstancias excepcionales" que fundamenten la "no información en beneficio de la menor".

El vocal de CiU ha justificado su abstención a este informe porque aunque estaba de acuerdo "con la viabilidad constitucional de la introducción de un sistema de plazos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", considera que "no se ajusta a la Constitución, principalmente en relación al sistema de garantías".

El otro texto del vocal conservador estimaba inconstitucional algunos aspectos de la reforma del Gobierno, en referencia al establecimiento de un modelo de plazos, que permite a la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación.

Además, el texto mostraba su oposición a que los padres de la menor embarazada no deban ser informados previamente.