Sira Rego propone incluir la violencia institucional en la ley de protección de menores

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la necesidad de incorporar el concepto de violencia institucional en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Además, ha apostado por reorientar el sistema judicial para que adopte una perspectiva centrada en los menores mucho más amplia que la actual.

En una entrevista realizada, la ministra ha abordado las líneas principales del proyecto de reforma que desarrolla su departamento. Entre las medidas destacadas figura la eliminación del límite de edad para escuchar a los menores en procesos judiciales, actualmente fijado en 12 años. Rego ha garantizado que existen procedimientos garantistas y acompañamiento técnico que permiten otorgar veracidad a los testimonios infantiles.

Caso de Juana Rivas

Preguntada sobre el caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y posteriormente beneficiaria de un indulto parcial del Gobierno, Rego ha subrayado la importancia de escuchar a los niños independientemente de su edad. Este caso ha servido como ejemplo de las situaciones que justifican, según la ministra, la reforma legislativa en curso.

Reconocimiento de la violencia institucional contra menores

La titular de Juventud e Infancia ha explicado que el Ministerio trabaja conjuntamente con Justicia para introducir la figura de la violencia institucional en la normativa vigente. Según ha manifestado, se observan numerosos casos de violencia institucional contra la infancia y contra las madres protectoras en diversos procedimientos judiciales, una situación que considera muy preocupante y que requiere solución mediante la modificación legal. Rego ha insistido en que es necesario reorientar la Justicia para que tenga una perspectiva de infancia significativamente mayor. La reforma planteada busca garantizar que los derechos de los menores estén protegidos de manera efectiva en todos los ámbitos institucionales, especialmente en aquellos procedimientos donde tradicionalmente no se ha dado suficiente voz a los niños y niñas afectados por decisiones judiciales.