Internet de las cosas: una tecnología ya presente en la vida cotidiana de Andalucía

Esta tecnología forma parte desde hace años de la vida diaria de miles de ciudadanos, tanto en el ámbito doméstico como en sectores estratégicos de la economía regional.

La privacidad, la gran ausente del internet de las cosas

Qué es el internet de las cosas y por qué pone a prueba la privacidad

Cámaras de seguridad conectadas a internet.
Cámaras de seguridad conectadas a internet. / Jakub Żerdzicki, Unsplash

El internet de las cosas no es un concepto futurista ni reservado a grandes multinacionales tecnológicas. En Andalucía, esta tecnología forma parte desde hace años de la vida diaria de miles de ciudadanos, tanto en el ámbito doméstico como en sectores estratégicos de la economía regional. Lo extraordinario, en realidad, es que su omnipresencia haya pasado tan desapercibida.

En muchos hogares andaluces, los contadores inteligentes de electricidad y agua, los sistemas de climatización conectados o las cámaras de videovigilancia forman ya parte del paisaje habitual. Estos dispositivos permiten optimizar el consumo energético, mejorar la seguridad o gestionar la vivienda a distancia.

También generan datos muy precisos sobre rutinas, horarios y hábitos de vida: información que puede resultar especialmente sensible si no está bien protegida. O, dicho de otro modo, un tesoro para quien sepa monetizarla.

Smart cities, turismo y servicios públicos

El despliegue de proyectos de ciudad inteligente en capitales y municipios andaluces ha acelerado el uso de sensores conectados para regular el tráfico, controlar el alumbrado público, gestionar residuos o medir la calidad del aire.

Ciudades como Málaga, Sevilla o Córdoba llevan años apostando por estas tecnologías para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y reducir el impacto ambiental. El discurso oficial es impecable. Las preguntas incómodas, sin embargo, siguen sin respuesta clara.

En un territorio donde el turismo es un motor económico clave, el IoT también se utiliza para analizar flujos de visitantes, optimizar el transporte o gestionar grandes eventos.

Estos sistemas pueden aportar beneficios evidentes, pero también plantean interrogantes sobre qué datos se recogen, durante cuánto tiempo se almacenan y con qué fines se utilizan, especialmente cuando se trata de información vinculada a movimientos o comportamientos de personas. La promesa es eficiencia. El coste, en términos de privacidad colectiva, permanece en una zona gris que conviene a quienes gestionan esos datos.

Agricultura, industria y salud conectadas

Andalucía es también un referente en el uso del IoT en la agricultura de precisión, con sensores que monitorizan la humedad del suelo, el riego o el estado de los cultivos en zonas agrícolas de Almería, Jaén o Huelva.

En el ámbito industrial, la digitalización de procesos y la llamada industria 4.0 avanzan en polos como el Campo de Gibraltar o el área metropolitana de Sevilla. Aquí, al menos, los datos no suelen implicar a personas, sino a tomates y máquinas.

A estos usos se suma el crecimiento de los dispositivos de salud conectados, desde sistemas de teleasistencia hasta wearables utilizados para el seguimiento de pacientes. En estos casos, la privacidad adquiere una dimensión especialmente crítica, al tratarse de datos que pueden revelar información médica o estados de salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de datos que, en las manos equivocadas, pueden convertirse en herramientas de discriminación laboral, aseguradora o social.

Privacidad y confianza ciudadana

La experiencia andaluza muestra que el verdadero reto no es tecnológico, sino de confianza. Cuando los ciudadanos no tienen claro qué ocurre con sus datos, quién los gestiona o cómo pueden ejercer sus derechos, la innovación pierde legitimidad.

Por eso, los investigadores insisten en la necesidad de que la privacidad se incorpore desde el diseño de los sistemas, y no como un añadido posterior. Porque no se trata de frenar el progreso, sino de exigir que ese progreso no se construya sobre la renuncia silenciosa a derechos fundamentales.

En una comunidad diversa, extensa y con realidades muy distintas entre lo urbano y lo rural, garantizar un uso responsable del internet de las cosas es clave para que esta tecnología siga avanzando sin dejar atrás a los ciudadanos.

La verdadera inteligencia de un sistema no se mide por su capacidad de recopilar datos, sino por su habilidad para hacerlo respetando a quienes, voluntaria o involuntariamente, los generan. Y en ese capítulo, Andalucía -como el resto del mundo- tiene aún mucho camino por recorrer.

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