Imputados cinco ex directivos de la televisión valenciana por un 'agujero' de 1.300 millones de euros

El juzgado que ha citado a declarar como imputados a cinco ex directivos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) investigará penalmente la posible comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, concretamente de un agujero de 1.300 millones de euros.

Así lo ha detallado en rueda de prensa el portavoz de Compromís en Las Cortes Valencianas, Enric Morera, quien ha explicado los detalles de la denuncia presentada por su grupo en marzo y por la cual la juez de Paterna ha citado a declarar en julio a los ex responsables de la extinta radiotelevisión pública valenciana Lola Johnson, Luis Redondo, Lluís Motes, Nuria Romeral y José López Jaraba.

Lola Johnson, actual secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat, ha presentado su dimisión. En un comunicado, la que fue directora de la televisión valenciana entre 2009 y 2011 manifiesta su total disposición a colaborar con la justicia y asegura que todas las actuaciones a lo largo de su vida profesional se han ajustado a "la legalidad y a la defensa del interés general". En su comunicado, Dolores Johnson asegura que, ante el conocimiento "a través de los medios de comunicación de una denuncia presentada por Compromís, y la citación a declarar el próximo 8 de julio, presento mi dimisión como secretaria autonómica de Comunicación, con efectos de 23 de mayo". Afirma igualmente que toma esta decisión "para no perjudicar la imagen del Consell y para que nadie pueda utilizar en su propio beneficio esta denuncia".

Morera ha anunciado que Compromís, que ha elaborado esta denuncia gracias al apoyo "altruista" de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana, aportará "sucesivamente" más documentación tanto sobre los hechos que ahora se investigarán, que comprenden desde 2010 hasta el cierre de RTVV en 2013, como sobre otros posibles delitos anteriores a esta última etapa. En este caso consideran que se han vulnerado dos derechos fundamentales (a la información de los valencianos y al uso correcto del dinero público) y han decidido denunciar judicialmente porque el Gobierno valenciano no les ha dejado "otra solución".

El modus operandi que habría desembocado en ese "agujero" económico consistía, según Morera, en que RTVV, ante los "excesos" presupuestarios generados cada ejercicio por las contrataciones irregulares o injustificadas que realizaba, asumía ese déficit como pérdidas y acometía una ampliación de capital que, a su vez, asumía la Generalitat. El consiguiente y progresivo endeudamiento de la Administración autonómica obligaba a esta a endeudarse con créditos bancarios y eso es, según ha dicho, una "causa directa" del actual "empobrecimiento" de la Comunidad Valenciana.

Esas contrataciones de RTVV "fuera de presupuesto" eran reiteradas y fue especialmente significativo, ha advertido, el caso de 2006, ejercicio en el que tuvo lugar la visita del papa a Valencia, cuya organización por parte del ente público también está siendo investigada por la Justicia en el marco del caso Gürtel. Compromís quiere que se investigue quiénes eran los beneficiarios de esas contrataciones y por eso pedían que se citara a declarar a los que finalmente acudirán al Juzgado como imputados (según informa el Tribunal Superior de Justicia), y en el caso de que nieguen su responsabilidad en la toma de decisiones, digan a la jueza quién les ordenó que contrataran con una u otra empresa o productora.

Jordi Sebastià, cabeza de lista de la coalición Primavera Europea y alcalde de Burjassot, localidad donde se ubica la sede de RTVV, ha reiterado su compromiso de que esta empresa pública "volverá", ha calificado esta investigación judicial concreta de "caso claro de deuda ilegítima", y ha solicitado que se haga una auditoría pública de la deuda de Radiotelevisión Valenciana.Morera ha pedido también que Johnson, actualmente secretaria autonómica de Comunicación en Presidencia de la Generalitat, sea apartada del proceso de concesión de licencias de TDT, y ha augurado que este caso puede marcar "un antes y un después" en cuanto a la responsabilidad de la gestión del dinero publico en España.