LA política andaluza tiene desde el pasado jueves una deuda con Rodrigo Rato porque gracias a la noticia de su detención pasó a segundo lugar la poco edificante constitución del Parlamento de Andalucía, en la que los partidos no pudieron ponerse de acuerdo para elegir a su órgano de gobierno. Se aderezó el desencuentro con el bochornoso altercado entre el portavoz del Grupo Popular y el presidente de edad. Y la sensación de vergüenza ajena ha aumentado a medida que se han ido sabiendo detalles de las fallidas negociaciones para formar la Mesa: el PP encasquillado en reclamar dos "representantes" y pidiendo ampliar la Mesa a ocho miembros, el PSOE dispuesto a darle un vocal con voz pero sin voto, el PP y Podemos tentando a IU con la Presidencia, Ciudadanos como ausente, más que satisfecho con su éxito electoral...

La sesión ha tenido un aire de esperpento o sainete redivivo -como si los hermanos Álvarez Quintero hubieran regresado- que promete otras jornadas memorables para los amantes de estos géneros bufos. No parece que haya quedado mucho espacio en toda esa trifulca para pensar un poco en términos de racionalidad de las instituciones, empezando por la pregunta más obvia: ¿realmente tiene sentido una Mesa de siete miembros para 109 diputados? No debe haber muchas organizaciones en el mundo que dediquen el 6,42% de sus componentes a formar su "órgano rector".

Además, es tan poco eficiente que necesita la colaboración de la Junta de Portavoces, lo que nos lleva a más del 10% de la Cámara dedicado a tareas de gobierno. No quiero ser radical proponiendo que nos parezcamos a Gran Bretaña, donde su speaker se basta para dirigir a 650 diputados o defendiendo que una Mesa de tres sería lo adecuado para mantener la proporción con el Congreso (9 para 350 diputados, el 2,57%). Y desde luego comprendo que, mientras la productividad alemana sea muy superior a la española, no podemos pensar en nada similar al Bundestag cuyos 631 diputados son gobernados por una mesa de sólo siete miembros (el 1,1%).

Así que, siendo moderado, sólo miraré al propio Parlamento de Andalucía, que en sus orígenes tenía una Mesa de cinco miembros. Tras las elecciones de 1996, se amplió a siete con la intención de incluir a un andalucista sin que el PSOE (que había ganado las elecciones) perdiera su control. Pero esa composición transitoria nunca se ha revertido porque se ha cumplido escrupulosamente lo que podríamos llamar la ley de la expansión de los políticos, similar a la ley de los gases ideales: tienden a ocupar todo el espacio de un sistema, sin posibilidad de contraerse, a no ser que se aumente la presión. Si no rigiera esa ley -que aparentemente hasta los nuevos han hecho suya- lo lógico sería reducir la Mesa a cinco miembros: uno de cada partido, reservando al más votado (el PSOE) la Presidencia. Alguien podría objetar que esa fórmula acaba con la proporcionalidad, pero se olvidaría no sólo que el puesto de presidente tiene importantes funciones que le corresponden a él en exclusiva (como proponer un candidato a Presidente de la Junta y la interpretación del reglamento), sino que las verdaderas decisiones políticas sobre el funcionamiento del Parlamento, como la fijación del orden del día, se toman en la Junta de Portavoces, donde cada portavoz tiene los votos que proporcionalmente le corresponden a cada grupo. Casi todas las competencias de la Mesa son técnicas (elaborar los presupuestos, aprobar la relación de puestos de trabajo, calificar los escritos, etcétera) y en su gran mayoría se toman por unanimidad. Algunas decisiones atribuidas a la Mesa, como la creación de comisiones de investigación, corresponden en realidad al Pleno.

En fin, los diputados no han considerado conveniente reducir gastos reduciendo dos puestos en la Mesa y posiblemente lleven razón porque, a fin de cuentas, un par de pluses con sus respectivos medios técnicos (incluido el coche oficial) ni siquiera pueden ser considerados el chocolate del loro. Pero me preocupa que esa sea la tónica para el futuro porque el Parlamento tiene que nombrar un buen número de cargos públicos: la Cámara de Cuentas, el consejo de administración de Radiotelevisión de Andalucía, representantes en los consejos sociales de las universidades, en el Consejo de Comunidades Andaluzas, etcétera. Y ahí los precedentes son verdaderamente aterradores, citaré sólo uno: el Defensor del Pueblo llegó a tener cuatro adjuntos para que cada partido tuviera su "representante", la Ley 3/2012 los redujo a tres aduciendo medidas de contención del gasto público y -añado yo de mi cosecha- coincidiendo con que sólo tres partidos tenían representación en el Parlamento. No se les ocurrió reducirlos a dos, para volver a su diseño original de 1983 o para copiar al Defensor del Pueblo Español que también tiene dos a pesar de recibir muchísimas más quejas.

Pero por mucho que la sesión constitutiva haya sido verdaderamente decepcionante, no nos desanimemos y démosle un tiempo al nuevo Parlamento, en general, y a los nuevos partidos, en particular, para demostrar que pueden romper con la ley de la expansión política seguida hasta ahora, que lamentablemente evoca la idea de un reparto proporcional del botín.