Lleva más de quince años aparcando coches en la Gavidia. Vive en la calle, duerme en el suelo, junto a su mujer, en la misma plaza. Trabajó como decorador y desde siempre ha sido vecino del barrio. "Vivía aquí al lado, pero llevo ya treinta años en la calle". Dice que todos los vecinos le conocen y que jamás ha sido motivo de conflicto. "Los de la Consejería de Justicia me daban hasta la cesta de Navidad", cuenta. Pero hace unas semanas ha empezado a tener problemas. "Ha llegado gente nueva, y gente peligrosa, que quieren quitarnos el sitio. Y a mí para quitarme el sitio tienen que quitarme la vida. La Policía me respetaba pero ahora han venido con Lipasam y se han llevado todo lo que tenía, todos mis papeles, hasta la cita del médico que tengo para septiembre porque padezco un cáncer de pulmón y tienen que examinarme".

Lo que cuenta este gorrilla de la Gavidia refleja lo mismo que han notado los vecinos y también la Policía: el número de aparcacoches ilegales ha crecido en Sevilla en los últimos meses. Los vecinos de la plaza de la Gavidia y las calles colindantes denunciaron esta semana el incremento de la conflictividad entre los aparcacoches que operan en esta zona del centro. Las peleas son continuas, los roces por el territorio se producen con mayor frecuencia cada vez y todo ello está generando entre los vecinos una creciente sensación de inseguridad.

La Policía también ha notado un repunte de los gorrillas. Algunos agentes de la Policía Local consultados por este periódico explicaron que el número de aparcacoches ilegales se ha incrementado de manera notable. Son varios los factores que han multiplicado el fenómeno: la crisis económica, que ha arrastrado a la calle a algunos desempleados, la menor vigilancia de la Policía por la huelga de celo que mantienen al no cobrar las horas extras y el fracaso absoluto de la ordenanza antivandálica.

Esta normativa prohibía expresamente la práctica de pedir dinero a cambio de aparcar coches e imponía una multa de 120 euros a todo aquel que la practicara. La ordenanza entró en vigor en diciembre de 2008. Durante los primeros meses de 2009 los agentes municipales multaron reiteradamente a los gorrillas, llegando a alcanzar una media diaria de hasta 50 denuncias en algunos meses. Pronto se reveló la ineficacia de la norma. La mayoría de los aparcacoches no tenían un domicilio fijo al que notificarles las sanciones. La Policía optó por rellenar los boletines de denuncia explicando que los infractores dormían en determinado banco, soportal o cajero automático.

En la práctica las denuncias eran imposibles de notificar. Si había alguna que se lograra entregar porque el aparcacoches tuviera un domicilio fijo, entonces el sistema tampoco funcionaba por la insolvencia de los gorrillas, a los que ni siquiera se les podía embargar nada. Por ello, la Policía dejó de imponer multas a los aparcacoches y desde mediados del año pasado prácticamente no se ha denunciado a ningún gorrilla. En los casos de que alguna persona llame al 112 alertando de la presencia de un aparcacoches, la Policía se desplaza y aparta del lugar en cuestión al gorrilla, pero raramente lo multa. Sólo en el caso de que un ciudadano denunciara amenazas o extorsión sí que podría la Policía intervenir con más contundencia y detener a los aparcacoches.

Si antes este fenómeno era exclusivo de algunos barrios como Bami, Nervión, el centro y el entorno de los hospitales, ahora se han detectado gorrillas hasta en aparcamientos regulados por la zona azul, como es el caso de la calle Reyes Católicos, Marqués de Paradas y el entorno de los juzgados del Prado de San Sebastián y de la estación de San Bernardo.

Incluso ha cambiado el perfil del gorrilla. Si antes, desde los años ochenta, la mayoría de ellos eran toxicómanos ansiosos por recaudar una pequeña cantidad de dinero para comprar drogas, ahora son muchos los extranjeros que pueden verse aparcando coches. En la calle Torneo, por ejemplo, son varios los africanos que señalan las plazas de aparcamiento libres. En Marqués de Paradas los gorrillas son casi todos magrebíes y Reyes Católicos ha pasado a ser una calle controlada por algunos rumanos. Cada uno tiene su territorio y sólo hay roces si uno invade el terreno de otro. Pese a este aumento de los extranjeros, en el casco histórico y en Nervión, sobre todo en las inmediaciones del centro comercial Nervión Plaza, todavía quedan muchos gorrillas nacionales, la mayoría con problemas de adicciones a las drogas o al alcohol y con historias de vidas arruinadas. El aparcacoches que atendió a este periódico en la Gavidia, por ejemplo, era decorador.

Bami, por su cercanía con el Hospital Virgen del Rocío, sigue siendo uno de los barrios más afectados por este problema. Sin embargo, en las últimas semanas en las calles de Bami trabajan aparcacoches legales. Son los llamados vovis, que desde hace casi dos décadas gestiona la asociación de parados mayores de 40 años (PM40). Cobran 60 céntimos como tarifa voluntaria y expiden un ticket en el que puede leerse que la asociación cuenta con un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla. Llevan el mismo uniforme de antaño, pero ahora hay algunos extranjeros en la plantilla. En Bami trabajan un africano y un rumano. "Los gorrillas nos dan muchos problemas, nos molestan, se pelean por las calles en las que nosotros trabajamos", explica uno de los vovis. Exactamente lo mismo que padecen los vecinos.