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Sevilla

La juez procesa a la concejal de IU Josefa Medrano por prohibir el homenaje a Foxá

  • La instrucción de la causa judicial llega a su fin y se dirige únicamente contra la delegada de Participación Ciudadana, que está imputada por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha procesado a la delegada de Participación Ciudadana y edil de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Josefa Medrano por haber impedido un homenaje literario al escritor Agustín de Foxá en el centro cívico El Tejar del Mellizo.

El auto de la juez, que ayer fue notificado a las partes, pone fin a la investigación de la causa y transforma las diligencias previas en un procedimiento abreviado que se dirige únicamente contra la concejal de IU, a pesar de que durante la investigación se tomó declaración a otras personas, entre ellas la propia directora del centro. La instructora ha dado ahora traslado al fiscal y a las acusaciones particulares que representan a las organizaciones literarias que convocaron el acto para que soliciten la apertura de juicio oral y pidan la pena que estimen que debe imponerse a la concejal.

La delegada de Participación Ciudadana declaró en julio pasado en el juzgado, imputada por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas que recoge el artículo 510 del Código Penal, que castiga con penas de entre uno y tres años de prisión y multa de seis a doce meses a quienes provoquen "a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

En su comparecencia, la concejal defendió que prohibió el homenaje a Foxá para evitar "altercados y desórdenes" en el centro cívico, después de que en los días previos a este acto cultural se recibieran numerosas llamadas y "multitud" de correos electrónicos oponiéndose por la ideología política, ya que el escritor había pertenecido a la Falange y fue coautor del himno Cara al Sol.

Medrano negó que la revocación de la autorización para celebrar el homenaje, previsto para el 6 de octubre de 2009, se debiera a "motivos políticos", ya que lo único que conocía del escritor era su "ideología ligada al régimen franquista pero desconocía que fuera novelista, dramaturgo o poeta".

La delegada de Participación Ciudadana indicó que además de las llamadas telefónicas y los e-mails, cuatro días antes del homenaje se presentaron en la sede de la delegación un grupo de persona de la coordinadora antifascista que reclamaban hablar con algún responsable para exponerle que no debía celebrarse el homenaje por la ideología política de Foxá. Ante estas protestas, Medrano aseguró que entendía que "la situación que se estaba produciendo podría generar altercados y desórdenes y que lo más prudente era revocar la autorización concedida".

El testimonio de Medrano contradice la declaración que, en su día, realizó la directora del centro cívico, Cristina Paloma Torrego, quien reconoció que las asociaciones culturales Fernando III y Ademán, convocantes del acto, reunían todos los requisitos para que se les cediera un aula de las instalaciones, por lo que la prohibición fue a su juicio una decisión política, expresión que también comparten otros funcionarios.

La juez recordó a la imputada que la ley de Memoria Histórica cuando se refiere a símbolos o a monumentos públicos excluye su retirada cuando concurran razones culturales o artísticas, y le preguntó si de haber conocido el carácter cultural del homenaje hubiese ordenado la revocación del acto. Medrano respondió que "no sabe lo que hubiese hecho en tal circunstancia", si bien cree que no lo habría revocado "si hubiese llegado a tener la convicción de que se trataba de un homenaje literario". La delegada insistió en que no sabía el carácter cultural del acto pues el objeto del homenaje "no especificaba el carácter literario". 

La instructora también le preguntó si la prohibición fue una decisión suya o si fueron el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y la entonces portavoz del Gobierno municipal, María Isabel Montaño, quienes le indicaron que debía revocar la autorización. Medrano afirmó que se trató de una decisión "exclusivamente" suya y añadió que, cuando el acto se realizó finalmente en los jardines del centro cívico, lo permitió porque "no hubo ningún conflicto o incidente".

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