Anticorrupción considera que no procede aclarar el auto de la división de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que sostiene que no procede aclarar el auto dictado el pasado 30 de julio que acordó la división de la macrocausa de los ERE fraudulentos en tres grandes bloques de piezas separadas a pesar de que el TSJA y el CGPJ siguen sin decidir si será la titular del juzgado o su antecesora, Mercedes Alaya, quien se hará cargo de la investigación.

Fuentes del caso aseguraron que el Ministerio Público se ha opuesto a la petición de aclaración realizada por los abogados de siete altos cargos y ex responsables de la Junta, al considera que la petición excede de lo que es un recurso de aclaración contra un auto y que, por tanto, no procede que la instructora explique o amplíe su resolución.

Todo ello con independencia de los recursos que ya están presentando las defensas de algunos imputados contra el auto de separación de la macrocausa, y que también podrán ejercer los imputados que han solicitado la aclaración, cuyo plazo para recurrir ha quedado de momento en suspenso. La juez, tras recibir la petición de aclaración, dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciase al respecto y ahora la Fiscalía argumenta que no procede acceder a la solicitud.

La petición de aclaración fue planteada en sendos escritos por los abogados Encarnación Molina y José Manuel García-Quílez, que representan al ex director general de Desarrollo Tecnológico Manuel López Casero; el ex director de Industria Jesús Nieto; el presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el ex viceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua; el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón; y la ex secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación, Ana María Peña Solís.

En idénticos escritos, los letrados solicitaban a la titular del juzgado que "aclare y, en su caso, complete" el auto de la división de la causa, "concretando qué conductas, hechos o actuaciones deben ser incluidas" en las piezas del denominado "procedimiento específico" y cuales en las piezas que se abrirán por cada una de las más de 200 ayudas socio-laborales o directas a empresas que constituyen el objeto de la investigación". Las defensas plantean a la magistrada que delimite objetivamente estas piezas por cuanto se trata de "conceptos oscuros e indeterminados que deben ser necesariamente concretados para dotarlos de contenido".

De la misma forma, solicitaban a la juez que aclarara el "alcance subjetivo de las piezas en que se divide el procedimiento", es decir, que la magistrada ponga de manifiesto en qué piezas separadas van a ser incluidos estos siete altos cargos, por lo que pedían expresamente que concretase "qué imputados estarán en cada una de las piezas separadas en las que se divide el procedimiento".

Las defensas argumentaban que esta aclaración se solicita porque de otro modo "no es posible determinar el verdadero contenido de la decisión judicial adoptada", respecto a qué se entiende por procedimiento específico, qué conductas se incluyen en las piezas de las ayudas investigadas, y qué personas intervienen en las mismas.

Los letrados concluían que esa "indeterminación" del auto de la división de la causa de los ERE genera una "efectiva indefensión" que prohíbe el artículo 24 de la Constitución.