Un salto cualitativo para la macrocausa de los ERE. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández sólo se someterá a un único juicio, el que se inicia en diciembre próximo contra 22 ex altos cargos -incluidos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, lo que permitirá a la juez María Núñez Bolaños archivar decenas de piezas relacionadas con ayudas de los ERE que se hayan considerado irregulares únicamente por el procedimiento empleado para la concesión de las mismas, pero en la que no se han detectado otros factores como la presencia de los denominados "intrusos", las personas que fueron incluidas en las pólizas a pesar de no haber trabajado nunca en las empresas acogidas a las ayudas o prejubilaciones de trabajadores.

La Sección Séptima notificó este miércoles un auto del 21 de julio pasado, en el que confirma el criterio establecido con anterioridad para los ex directores de la agencia Idea Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar, y acuerda que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández sólo se someterá al juicio por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE -la conocida como "pieza política", dejando sin efecto su procesamiento en relación con las subvenciones a Surcolor/Surcolor Óptica.

Los jueces de la Audiencia sostienen que el "afán globalizador" del procedimiento específico ha determinado que esa pieza "contenga el enjuiciamiento de todas las presuntas conductas delictivas de Antonio Fernández, al que se le ha terminado acusando y se le va a enjuiciar por su íntegra participación en esa trama tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa, que pudiera dar lugar al delito continuado de prevaricación, como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público, que pudiera dar lugar al delito continuado de malversación, lo que a su vez explica las peticiones acusatorias en materia de responsabilidades civiles en la causa del procedimiento específico", donde el fiscal ha pedido que se le condene a abonar más de 741 millones de euros.

En la práctica, la decisión de la Audiencia supone un nuevo giro en la instrucción de las distintas piezas que aún se están investigando, por cuanto la juez María Núñez Bolaños podrá archivar decenas de ayudas en las que únicamente se cuestione el procedimiento de concesión de las mismas. El razonamiento es el siguiente: Si los altos cargos de la Junta, como el ex consejero Fernández o el ex director de Trabajo Javier Guerrero, sólo pueden ser enjuiciados en el procedimiento específico y no en las distintas piezas, estas causas quedarán vacías de contenido. Así, si se sobresee la causa contra las autoridades "concedentes" de las ayudas -los supuestos autores del delito de malversación-, la instructora no puede enjuiciar sólo a los beneficiarios, que serían cooperadores necesarios o cómplices de esa malversación.

Esta tesis sólo puede aplicarse en aquellos casos que se están investigando únicamente por las dudas sobre el procedimiento empleado, sin que haya otros elementos distintos para considerar que la ayuda es injusta, donde no hay por ejemplo intrusos.

Bolaños podrá archivar otra vez la causa de Azucareras Reunidas de Jaén -cuyo archivo fue revocado por la Audiencia- y en muchas más, pero no afectaría, por ejemplo, a la pieza de las sobrecomisiones o a la de las ayudas al chófer de Guerrero, donde sí seguiría procesado el propio Guerrero.

La propia juez Bolaños aseguró este miércoles a Efe que "por fin hay una solución a las víctimas" de esta macrocausa, entre ellas el obispo emérito de Cádiz o varios sindicalistas, que fueron acusados "por el mero hecho" de pedir una ayuda a la Junta de Andalucía.