Jueces para la Democracia avala el decreto de vivienda

La sección territorial de Andalucía Occidental de la asociación Jueces Para la Democracia (JpD) avaló ayer la constitucionalidad del decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, que autoriza la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

La asociación de jueces considera que el decreto autonómico, que está suspendido cautelarmente desde hace una semana por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central, "no concurre causa objetable de inconstitucionalidad ni en la inclusión del deber de uso habitacional de la propiedad de viviendas como contenido normal del derecho, ni en el procedimiento de declaración de vivienda deshabitada, ni en la previsión de expropiación", regulados en el Decreto Ley Andaluz 6/13, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

La asociación descarta la invasión de competencias que alega el Ejecutivo central, al asegurar que resulta "claro que la comunidad andaluza, conforme al artículo 56 del Estatuto de Autonomía tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, ordenación del territorio y urbanismo, título competencial expresamente invocado por el preámbulo del Decreto Ley".

La asociación progresista de jueces señala igualmente que el artículo 1.3 de la Ley Andaluza 1/2010, modificado por el Decreto Ley en cuestión establece que "forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, así como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda con los límites y condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación urbanística".