Sólo una defensa que ha representado a una autoridad o a un funcionario de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE ha logrado hasta ahora que la Administración autonómica le haya abonado parte de los honorarios para su defensa. Se trata del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, cuyo entonces abogado, Pedro Apalategui, percibió el 21 de julio de 2012 la cantidad de 20.650 euros para hacer frente a los gastos de su defensa.

Como publicó este periódico el 15 de julio de 2013, Daniel Alberto Rivera fue el único ex alto cargo que ha logrado por ahora que la Junta de Andalucía haya abonado los gastos de su defensa jurídica en el caso de los ERE. En este caso se efectuó un único pago, en virtud de una orden de la Consejería de Empleo del año 2009.

Ni Manuel Chaves ni Griñán han solicitado a la Junta que se haga cargo de sus defensas

El resto de los ex altos cargos imputados tanto en la pieza del denominado "procedimiento específico" de los ERE, que actualmente está siendo enjuiciada en la Audiencia de Sevilla, como del resto de las 270 piezas en las que se ha dividido la macrocausa, ninguno ha percibido ninguna cantidad de la Administración andaluza, según confirmaron a este periódico varios de los letrados de la defensa.

Algunos de los ex altos cargos o funcionarios sí que han solicitado a la Junta que se haga cargo de la minuta de sus defensas, pero ninguno ha percibido ninguna cantidad salvo la mencionada de la defensa de Rivera. En otros casos, la Junta ha pedido a los solicitantes que subsanen algunos defectos formales y a otros no se les ha respondido aún, explicaron otras defensas.

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán no han solicitado a la Junta que se haga cargo del coste de su defensa en la pieza política de los ERE, según ha constatado este periódico.

En cualquier caso, hay dos sentencias firmes de la jurisdicción Contencioso-Administrativa que condenaron a la Junta a pagar la defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y del ex interventor delegado en la Consejería de Empleo Juan Luque, aunque este último -que estuvo imputado en la causa de los ERE- fue finalmente exculpado y no se sienta en el banquillo compuesto por los 22 ex altos cargos.

Esas sentencias fueron dictadas por los juzgados de lo ContenciosoAdministrativo números 3 y 7 de Sevilla, y posteriormente ratificadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En el caso del ex interventor general Manuel Gómez, que ocupó el cargo entre los años 2000 y 2010, el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla, Rafael Tirado, reconoció en una sentencia el "derecho" del funcionario a que se vayan "abonando los gastos de representación y defensa a media que se vayan devengando", anulando en este caso las limitaciones que imponía una orden de la Junta respecto al límite de 18.000 euros y a que haya que esperar a que se dicte una resolución judicial "firme" que declarara la inexistencia de responsabilidad, la falta de participación o el carácter lícito.

Manuel Gómez no ha solicitado la ejecución de esta sentencia, lo que obligaría a la Junta a abonar los gastos de su defensa. La orden de 19 de noviembre de 2013 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta reconoce el derecho de carácter eventual al abono de los honorarios por representación y defensa de abogado y procurador, pero lo vinculaba a una sentencia firme absolutoria y con un limite de pago de 18.000 euros.

El juez anuló ambos extremos al estimar que se "podría provocar un perjuicio patrimonial" al funcionario, "vulnerándose la garantía de indemnidad patrimonial, al tener que adelantar los gastos del proceso en espera de aquella sentencia firme".