El ex alcalde de Alcaucín sabía de urbanismo "más de lo que reconoce"

El fiscal Valentín Bueno afirmó ayer que el ex alcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín Alba "sabía mucho más de urbanismo de lo que está dispuesto a reconocer". El representante de Anticorrupción contestó a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados en el caso Arcos y advirtió que la responsabilidad de Martín Alba va más allá del simple visto bueno a certificados, considerándolo como inductor de la mayoría de ellos. Bueno no aceptó ninguno de los argumentos planteados por los letrados como la nulidad de las escuchas y los registros, la acusación sorpresiva o las otras casi 30 prescripciones de delitos presentadas.

La investigación de la Guardia Civil partió de la denuncia de una fuente anónima muy vinculada al Ayuntamiento de Alcaucín, que apuntaba a "una trama política y empresarial que estaba detrás del caos urbanístico", destacó ayer el fiscal. Bueno apuntó que la vigilancia policial constató la relación de amistad entre el alcalde y los promotores, de ahí que se autorizaran las escuchas telefónicas para progresar en las actuaciones. De éstas el fiscal destacó una conversación entre Martín Alba y el alcalde de Canillas de Aceituno en la que habla de evitar lo que ya entonces temía como una acusación por prevaricación, "por lo que no se trata de una investigación de carácter prospectivo", aludiendo a las manifestaciones de una defensa en días anteriores.

"La responsabilidad de Martín Alba no se limitó a dar el visto bueno a certificados", matizó el fiscal, contestando a las declaraciones del ex alcalde, que repitió la semana pasada ante los medios de comunicación. De hecho, lo considera como "inductor de la mayoría, si no todos, los documentos que firmaba a ciegas el secretario, como se demostrará". Martín Alba está acusado de 140 delitos en el caso Arcos, por los que se piden 226 años de prisión. Bueno se refirió a las 14 declaraciones del ex regidor entre 2009 y 2012 ante la Guardia Civil y en sede judicial, en las que "sistemáticamente siempre daba las mismas respuestas", que se limitaban: "No me acuerdo, ignoraba que fuera suelo no urbanizable y no estoy seguro de que esa firma fuera mía".

En definitiva, resumió el fiscal, que de lo que se trataba era de hacer pasar por suelo urbano lo que no lo era, lo que se convirtió en un "auténtico pelotazo urbanístico".