El choque de competencias entre el ministerio y la Junta no impide la actividad de los pisos turísticos

Las discrepancias por las competencias entre el Ministerio de Vivienda y la Junta de Andalucía no impiden la actividad de los pisos turísticos en la comunidad autónoma, tengan o no su alta en el Registro Único de Viviendas Estatal. La legislación europea obliga a este registro en las viviendas de estancias cortas para que puedan anunciarse en plataformas online tales como Airbnb o Booking. Pero no impide su utilización como tales en el marco de las competencias de la comunidad autónoma. Y eso es lo que está sucediendo.

Así, la declaración del Gobierno central de 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía, lista que lidera Sevilla, seguida de Marbella y Málaga a nivel estatal, impide la publicidad de estos inmuebles pero estas viviendas pueden seguir teniendo uso de alquiler vacacional puesto que sí están incluídas en el Registro de la Consejería de Turismo. Un galimatías jurídico que desde el sector censuran duramente, que genera incertidumbre entre los vecinos y los usuarios, y que genera una importante polémica política. Sobre todo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijese en un mitin en Málaga el pasado domingo que estas viviendas pasarían a tener "uso social".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lamentaba este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos "no estén ayudando al Gobierno a implementar una normativa que luche contra los pisos turísticos ilegales", y puso como ejemplo a Andalucía "donde se ha recurrido la nueva normativa para regular la vivienda de corta duración". "Ni las propias plataformas, para las que podría surgir un perjuicio, han recurrido esta medida", lamentaba en una entrevista en Antena 3 donde recordaba que Andalucía "es la comunidad que mayor número de viviendas turísticas ilegales tiene actualmente".

Nuevo plan de Vivienda

La ministra Isabel Rodríguez ha anunciado este martes que está ultimando el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la previsión de que sea aprobado por el Consejo de Ministros en la segunda quincena del mes de diciembre, y ha recordado que debe contar con la implicación de las comunidades autónomas, que gestionarán el 40% de los fondos en virtud del reparto competencial. "Nos gustaría contar con el apoyo y la implicación de todas las administraciones públicas, pero, especialmente, las comunidades autónomas, con quien siempre hemos trabajado estos planes", ha destacado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha destacado que el próximo plan plantea triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" que nunca antes se había destinado a la consolidación del parque público de vivienda. La mayor parte de estos fondos, hasta un 40%, se dirigirá a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, atendiendo también a criterios de eficiencia energética; y el 30% restante irá destinado a ayudas emergentes, como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas, así como al refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible para quienes más lo necesitan.

Rechazo de la Junta

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno central que retire la Ley de Vivienda porque considera que sólo sirve para "encarecer" el precio de la vivienda y no resuelve los problemas para los más jóvenes. Desde la Junta también muestran incertidumbre por desconocer los detalles del nuevo Plan Estatal de Vivienda ya que el actualmente vigente finaliza a finales de este año.