El compromiso de inversión en vivienda centra la cita entre la Junta y el ministerio

Hay consenso en que la vivienda es un problema de primera magnitud para la sociedad. En eso y en que todas las administraciones deben aportar su parte correspondiente. Pero en nada más. Y con esta premisa de trabajo se van a sentar este jueves en torno a una mesa los directores generales de Vivienda de las comunidades autonómas junto a los representantes del ministerio que dirige Isabel Rodríguez. Es, de hecho, la primera reunión técnica sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha elaborado el Gobierno central, que está en exposición pública, y que se aprobará antes de finales de año, lo que entienden como un hito en el Gobierno ya que lo habitual es que estos planes se aprueben con retraso. El actualmente vigente finaliza en el mes de diciembre.

El eje del debate está en el dinero. La propuesta del Ejecutivo central pasa por triplicar la inversión de todas las administraciones en vivienda protegida. Y para ello, Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa 7.000 millones de euros de los cuales las arcas estatales aportarían 4.200 millones para todo el Estado, el 60% del total, mientras que a las comunidades autónomas les correspondería el 40% restante; 2.800 millones de euros en términos absolutos.

Claro que estas cuentas no son lineales puesto que dependería de las promociones de vivienda que ejecutase cada comunidad autónoma. Según las cuentas de la Delegación del Gobierno en Andalucía, a la comunidad autónoma le correspondería una inversión de 1.197 millones de euros del Estado que llevarían aparejados otros 373 millones por parte de la Junta “para la construcción de vivienda asequible”. Todo ello en el plazo de cinco años. El Gobierno aduce otro dato: sólo el 12% de los andaluces menores de 30 años puede emanciparse.

La Junta de Andalucía, como el resto de comunidades gobernadas por el PP, entiende que es una cantidad “inasumible” para las arcas autonómicas. Pero la cuantía de la inversión no es el único escollo que separa a ambas administraciones. La principal diferencia está en la protección de las viviendas que se construyan con financiación pública.

Parque público

Desde el Ministerio de Vivienda explican a este diario que en España se han construido 2,4 millones de viviendas protegidas y que de ella sólo 200.000 mantienen esa protección en la actualidad; la mayoría se han desclasificado y han salido al mercado libre. La propuesta de Pedro Sánchez es blindar de por vida cualquier promoción que se haya levantado con fondos públicos.

La nueva Ley de Vivienda que está impulsando la Junta de Andalucía, y que ya está en trámite parlamentario, recoge diferentes períodos de protección para las viviendas construidas con fondos públicos. Así, estarán totalmente blindadas (es decir, no se podrán vender en el mercado libre), aquellas promociones que se levanten en suelos que se han recalificado expresamente para ello. Solares destinados a usos deportivos, de oficinas, turísticos o de equipamiento administrativo que se cambian para construir viviendas.

Pero también se recoge expresamente la colaboración público-privada y que las viviendas que se construyan con algún tipo de protección pública, de régimen general o especial, podrán desclasificarse dependiendo de la promoción. Eso abre un abanico de entre 7 y 90 años para que una vivienda protegida se pueda vender en el mercado libre.

Aunque las diferencias entre ambas administraciones es palmaria, no quiere decir que no haya margen para el diálogo. Es más, la reunión de mañana jueves es la vía para acercar posturas antes de que se reúna la Conferencia Sectorial de Vivienda a la que asistirán la ministra Isabel Rodríguez y los consejeros de los distintos ejecutivos autonómicos.

Promociones en marcha

Mientras tanto, el Gobierno central, la Junta y los ayuntamientos colaboran en la puesta en marcha de promociones de vivienda protegida con financiación entre ambas partes.

La última está situada en Granada capital. En la antigua residencia de Fray Leopoldo, situada en la calle Ancha de Capuchinos y que estaba abandonada desde hace años, se va a llevar a cabo una promoción para la rehabilitación de 85 viviendas destinadas al alquiler asequible. Una obra que tiene un coste total de 8,7 millones de euros y en la que el Gobierno aporta 8,7 millones de euros, el 14,6% del coste total. Este martes pusieron la primera piedra el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.