El Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Cádiz ha realizado una operación contra la malversación de caudales públicos que ha terminado con la detención de once personas. El presidente del club de fútbol Atlético Sanluqueño, Manuel Fernández, es el principal investigado por la Policía Nacional. Una empresa a su nombre habría recibido cerca de 2,6 de euros en subvenciones de la Unión Europea y la Junta de Andalucía para la reindustrialización de la provincia pero, según la Policía, esas cantidades económicas fueron invertidas en fines diferentes a los otorgados. "De hecho, fue desviado a un entramado de empresas y sociedades que realizaban facturas falsas para justificar gastos", señalan. Todos están en libertad con cargos tras tomarles declaración. 

La Policía Nacional detalló ayer que la investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada en 2014 por un empresario perjudicado, a quien se le debía una importante cantidad de dinero por los trabajos realizados en la construcción de una nave industrial en el polígono agroalimentario de Jerez de la Frontera, siendo la promotora una sociedad registrada en Sanlúcar de Barrameda. Después de su remisión a la Fiscalía de Jerez, el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad se hizo cargo de las actuaciones y ordenó la investigación de los hechos. 

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica encargados de la investigación centraron las primeras pesquisas sobre el empresario hostelero y presidente del Sanluqueño. Entonces, supieron que en el año 2009 había contactado con un ingeniero técnico, regente de una sociedad de creación de proyectos técnicos en la ciudad de Sevilla, para la creación de una sociedad con la que pretendía montar una nueva empresa de elaboración de productos del mar. Bajo el nombre de Sabor Sanlúcar, tendría como objeto la manipulación y congelación de pescados, mariscos y derivados, su envasado, transporte y comercialización y también la elaboración de comidas precocinadas. 

Para la ejecución de este proyecto y la comercialización de los productos solicitaron una ayuda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acogiéndose a un programa de reindustrialización subvencionado con fondos procedentes de la Unión Europea. Por todo ello les fue concedida en 2010 una ayuda de 2.129.261 euros. Los agentes descubrieron que una importante cantidad de la ayuda fue utilizada por la sociedad creada para financiar el proyecto industrial y así dotarlo de suficiente credibilidad para conseguir la ayuda del Ministerio. El supuesto autor de los hechos "diseñó toda una trama de facturaciones falsas con la connivencia de una sociedad de construcción industrial de la ciudad de Sevilla y empresas suministradoras de recursos de las localidades de Sevilla y Madrid". Estas compañías supuestamente emitían facturas, algunas de ellas por cantidades millonarias, que eran pagadas por la sociedad creada para justificar la inversión ante el Ministerio de Industria. 

El caso es que, según los agentes, "en realidad lo que se producía era una recirculación del dinero". "Éste iba de la cuenta bancaria de la sociedad subvencionada a las cuentas de las mercantiles implicadas. Posteriormente, estas empresas devolvían el importe, o una parte del mismo, en concepto de 'servicios prestados', a otra cuyo titular era el citado empresario", explicó ayer la Policía en un comunicado. Para los agentes encargados de la investigación, las cantidades desviadas tenían como destino final reflotar sus propios negocios de hostelería y otros de su entorno familiar, llegando a poner en marcha una discoteca en Sanlúcar. Además, también adquirió coches de alta gama, siendo inscritos a nombre de su esposa, que dirige otro de sus negocios hosteleros. 

Pero además, tres años después, la empresa Sabor Sanlúcar volvió a obtener una subvención bajo la premisa de la creación de empleo en la provincia. La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Cádiz, concedió una ayuda a la firma, en la que continuaba como administrador único el principal investigado. La subvención fue de 463.118 euros y, "continuando con el mismo modus operandi que en la subvención anterior procedente de los fondos europeos, los autores prosiguieron presentando facturas falsas para justificar el empleo del dinero obtenido", afirman los agentes. 

La Policía señala que después de los 2.591.379 euros concedidos por los organismos públicos para la creación de una nueva industria y nuevos puestos de trabajo en el marco de la Bahía de Cádiz, lo único que ha resultado es la construcción de una nave, cuya ejecución se encuentra a medias y con varias deudas generadas con las empresas subcontratadas para la construcción de la misma, que, a pesar de todo el dinero que se libró, no han visto aún satisfechas sus facturas. Y no es el primer caso con este final en la provincia. El caso Bahía Competitiva, por ejemplo, se movió de manera parecida. 

A Fernández se le considera supuesto autor de varios delitos: fraude de subvenciones públicas, malversación de caudales públicos, falsedad documental y asociación ilícita. El resto de implicados, hasta llegar a once, serían supuestos autores de falsedad documental y entre ellos estarían miembros de las empresas de Sevilla y Madrid o el director de la obra. 

El propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, confirmó ayer la operación en Cádiz y dijo que "demuestra una vez más que la Policía Nacional está en primera línea en la lucha contra cualquier forma de corrupción", ya sea en el ámbito público o cuando se producen delitos económicos en el ámbito empresarial "utilizando de forma fraudulenta el dinero de los ciudadanos que debería ir a crear empleo y que es utilizado para el enriquecimiento de supuestos delincuentes". Por su parte, el jefe de la Policía Judicial de Cádiz, José Menacho, subrayó la estrecha colaboración existente con la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General y los juzgados.