La Consejería de Educación renuncia a los auxiliares nativos de conversación después de dos décadas

Entre el 10 y el 15 de septiembre da comienzo el curso escolar para el grueso de los estudiantes andaluces. La principal novedad de este 2025-2026 puede ser una ausencia, la falta de los casi dos mil auxiliares de conversación de lengua extranjera que desde hace dos décadas han permitido a los alumnos de los centros bilingües familiarizarse con el idioma foráneo. La Junta de Andalucía, que ha informado a los centros de la suspensión del programa de auxiliares promovido por el Ministerio de Educación, ha tomado la decisión después de haber sido sancionada por la Inspección de Trabajo a causa del régimen laboral de los ayudantes extranjeros.

Los auxiliares de conversación llevan prestando un servicio en los centros educativos desde 2005, al menos de un modo reglado. El curso 2025-2026 puede ser el de una interrupción histórica. Los sindicatos y los centros fueron informadas antes de finalizar julio de la suspensión del programa, informan fuentes sindicales. Aunque sin papeles de por medio, los portavoces de la administración andaluza explicaron a los centros los motivos: la Junta fue sancionada a finales de mayo con cinco millones de euros por no haber dado de alta en la Seguridad Social a un número de auxiliares extranjeros que prestaron su servicio en Sevilla. La Junta considera que la Inspección de Trabajo, órgano dependiente del Ministerio, ha actuado de un modo insólito: Andalucía es la única comunidad castigada.

El de auxiliares de conversación es un programa del Ministerio de Educación que lleva a cabo en base a acuerdos bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que los docentes nativos llegan a España con un visado de estudiante. La relación con la administración educativa autonómica, por tanto, no está sujeta a una relación estrictamente laboral y, por tanto, no cabe el alta en la Seguridad Social. Los auxiliares, informan fuentes sindicales, firman estas condiciones antes de iniciar su actividad. Aunque constan recursos anteriores de los auxiliares de varias regiones validadas por sentencias –hay un caso en Granada de 2023–, la Inspección de Trabajo ha actuado de oficio en la provincia de Sevilla. La Junta cree que tal actuación resulta un agravio con respecto al resto de las autonomías.

Ésa, la millonaria sanción, es la razón por la que Consejería de Educación justifica la interrupción del programa de los auxiliares. Exponerse a una nueva sanción de Trabajo por el mismo motivo sugiere cautela a la administración andaluza. Distinto sería –afirman fuentes de la Consejería de Educación– que el Gobierno enmiende el desaguisado. El problema de fondo, explica la Consejería, es la “grave descoordinación entre los Ministerios de Trabajo, Exteriores y Educación”. Que Trabajo considere a los auxiliares como trabajadores, no como estudiantes becados –un criterio al que se opone la Abogacía del Estado, según la Junta–, obligaría a retocar los presupuestos.

Fuentes del Gobierno central, por su parte, han explicado a este periódico que de la sanción de Trabajo a la Junta por la contratación de los auxiliares “puede inferirse una inadecuada utilización de la figura y funciones de estas personas y un incumplimiento de la normativa establecida al respecto” por la misma administración andaluza. El Ministerio de Educación, según las mismas fuentes, ha “ofrecido” a la Consejería “diversas vías de actuación para reconducir el programa” pero sin éxito: “La Consejería ha rechazado estas posibles soluciones, anteponiendo su circunstancia particular al beneficio general que aporta el programa para el profesorado y el alumnado”, lamenta el Ministerio, afeando las políticas de confrontación de la Junta.

Izquierda Unida define la gestión del Gobierno andaluz de “irresponsable”

Izquierda Unida (IU) exime al Ejecutivo central de las responsabilidades de la supresión del programa de auxiliares de conversación de los centros bilingües en Andalucía y las traslada a la Junta de Andalucía, cuya gestión del conflicto ha sido, según IU, “irresponsable”. La eliminación del programa de auxiliares, defiende IU, “responde en realidad a una negativa de la administración andaluza a regularizar la situación laboral del colectivo de auxiliares”.

La formación política recuerda que en 2022 la Tesorería General de la Seguridad Social denunció ante los tribunales a varias delegaciones territoriales de la Consejería de Educación por un “presunto fraude de ley en la contratación de estos trabajadores” y una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Granada, dictada en junio de 2024, “confirmó el carácter laboral de la relación con más de 100 auxiliares y obligó a la Junta a abonar más de 430.000 euros en cotizaciones impagadas”.

IU exige a la Junta que explique de “forma técnica y transparente las razones reales de este recorte y asuma las consecuencias políticas de una decisión que debilita el sistema educativo público”, ha recogido Europa Press en una nota. “La desaparición de los auxiliares es el resultado de años de dejadez y gestión irresponsable. Afecta a los colegios, a los institutos, a las Escuelas Oficiales de Idiomas, y deja en evidencia una vez más el abandono de la educación pública”.