Las extracciones en Doñana se reducen a la mitad pero el acuífero sigue en descenso

Las extracciones ilegales en Doñana se han reducido a la mitad según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) al Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta mejora no ha logrado frenar el deterioro del acuífero, cuyas tendencias descendentes globales se mantienen pese al carácter húmedo registrado durante el pasado año hidrológico. La información se ha conocido tras una pregunta parlamentaria formulada por Podemos y Alianza Verde, que alertan sobre la insuficiencia de las medidas adoptadas para revertir la crítica situación hídrica del Parque Nacional.

La respuesta oficial del Ministerio reconoce avances en la persecución de pozos ilegales, con una disminución del 50% en las extracciones no autorizadas detectadas en el entorno del espacio protegido. No obstante, los datos meteorológicos y piezométricos muestran que diez de los dieciséis sectores analizados en la zona se sitúan por debajo de la pluviometría registrada históricamente. Esta situación evidencia que las precipitaciones caídas durante los últimos meses no se están traduciendo en una recuperación sustancial de los niveles freáticos, lo que cuestiona la eficacia de las actuaciones en marcha.

Un informe elaborado por la Estación Biológica de Doñana y presentado a principios de marzo señalaba que la marisma alcanzaba una cota de 1,9 metros sobre el nivel del mar, con aproximadamente 30.000 hectáreas anegadas de las 34.000 que comprenden el parque y su entorno asociado. Aunque estas cifras reflejan una importante recuperación superficial del humedal tras las borrascas invernales, el mismo documento advertía que la regeneración del acuífero será un proceso lento, especialmente debido a la sobreexplotación histórica vinculada a la actividad agrícola intensiva de la comarca.

Podemos y Alianza Verde han mostrado su disconformidad con el conjunto de estrategias implementadas por el Miteco para la recuperación del Parque Nacional de Doñana. Las formaciones políticas critican que se hayan declarado tres masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico, una figura administrativa equivalente a la de sobreexplotación. Esta declaración se ha producido tras constituirse tres comunidades de usuarios de aguas subterráneas, de las cuales una ya cuenta con su plan anual de extracciones aprobado, mientras que las otras dos lo tendrán disponible en un corto plazo de tiempo.

La diputada Martina Velarde y el ex diputado Juantxo López de Uralde han manifestado conjuntamente que "ni con un año lluvioso, la tendencia es favorable", subrayando la urgencia de adoptar medidas más contundentes. Ambos representantes políticos han asegurado que "se necesita un plan de choque y se necesita ya" para evitar el colapso definitivo del sistema hídrico del humedal andaluz. Las declaraciones reflejan la preocupación existente entre diversos sectores conservacionistas y políticos sobre la viabilidad a medio plazo del ecosistema si no se adoptan políticas hídricas más restrictivas.

Pozos ilegales

Las formaciones políticas también han criticado duramente la respuesta ofrecida por el Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ante el robo de agua detectado en nueve pozos ilegales. Estos pozos, vinculados a explotaciones relacionadas con la Casa de Alba, habrían extraído entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua de forma no autorizada. La magnitud de estas extracciones irregulares representa un volumen considerable que agrava la presión sobre los recursos hídricos disponibles en una zona ya sometida a un estrés hídrico extremo.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo encargado de la gestión y control de los recursos hídricos en la cuenca, no ha logrado evitar que estas prácticas ilegales continúen afectando al equilibrio hidrológico del entorno. A pesar de las sanciones impuestas y los procedimientos administrativos abiertos, la extracción ilegal de agua sigue representando uno de los principales problemas para la conservación del espacio natural protegido. Las organizaciones ecologistas llevan años denunciando la permisividad de las administraciones ante estas infracciones.

La recuperación de un acuífero sobreexplotado requiere que las precipitaciones superen significativamente las extracciones durante periodos prolongados. Aunque el año hidrológico 2024/25 ha registrado precipitaciones superiores a la media, las extracciones continuadas para uso agrícola impiden que el agua de lluvia infiltrada compense el déficit acumulado durante décadas. Además, la compactación del suelo por la agricultura intensiva reduce la capacidad de infiltración natural del terreno.

Los hidrogeólogos explican que el proceso de recarga es lento y depende de múltiples factores, incluyendo la intensidad de las lluvias, la saturación previa del suelo y la cobertura vegetal existente. En zonas agrícolas con suelos desnudos o impermeabilizados, gran parte del agua de lluvia se pierde por escorrentía superficial sin llegar a infiltrarse hasta el acuífero. Esta situación se agrava en años de precipitaciones irregulares, donde las lluvias torrenciales generan escorrentías importantes sin tiempo suficiente para la infiltración efectiva.

Las actuaciones en marcha incluyen el control de extracciones mediante la instalación de caudalímetros en pozos autorizados, la constitución de comunidades de regantes para regular el uso del agua subterránea y la intensificación de la vigilancia contra pozos ilegales. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incrementado las inspecciones de campo y ha impuesto sanciones administrativas a las explotaciones que incumplen la normativa vigente. Paralelamente, se están desarrollando proyectos de modernización de regadíos para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes según los expertos consultados, que reclaman una reducción drástica de la superficie de regadío y el cierre definitivo de todas las explotaciones agrícolas ilegales situadas en el entorno del Parque Nacional. También se propone la adquisición pública de fincas estratégicas para su reconversión en zonas de recarga del acuífero, así como la restauración de ecosistemas degradados que favorezcan la infiltración natural del agua de lluvia hacia las capas subterráneas.