La financiación autonómica necesita una reforma urgente, según los expertos económicos de Fedea

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este miércoles un informe donde alerta sobre el preocupante estado de las finanzas autonómicas y urge a una reforma inmediata del sistema de financiación. Según los datos presentados, las comunidades autónomas mantuvieron en 2024 un déficit estructural del 1,1% del PIB, igualando el desequilibrio registrado en 2023 y estableciendo un nuevo récord negativo en la serie histórica, superando incluso los valores del excepcional 2020.

El documento, elaborado por los expertos Manuel Díaz y Carmen Marín (Fedea) junto con Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea), señala que este nivel de déficit compromete gravemente la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las autonomías. Los especialistas advierten que, de consolidarse esta situación, las comunidades tendrán serias dificultades para afrontar futuros retos económicos y sociales, especialmente en un contexto de restauración de las reglas fiscales europeas.

El análisis revela importantes diferencias territoriales. Baleares y La Rioja experimentaron el empeoramiento más intenso de su saldo público estructural, mientras que Andalucía, Canarias y Extremadura registran la mejor evolución comparativa. Durante 2024, solo Canarias y Navarra consiguieron alcanzar superávits estructurales, mientras que Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, Baleares y La Rioja presentaron los déficits más elevados.

El informe de Fedea proyecta un panorama complejo para los próximos años. Por el lado de los ingresos, se espera una moderación sustancial en las tasas de crecimiento, en línea con la evolución económica general y la convergencia hacia elasticidades más cercanas a los valores históricos. Paralelamente, los gastos se verán presionados por factores como el envejecimiento poblacional, el cambio climático y la transición digital.

Esta combinación de factores agrava la situación de las comunidades más endeudadas. Los expertos advierten que la actual dinámica fiscal es incompatible con la necesaria reducción de la deuda autonómica, especialmente para aquellas regiones que aspiran a financiarse de manera ortodoxa en los mercados de capitales. Además, este escenario limita el margen fiscal disponible para implementar políticas expansivas en momentos recesivos o mantener servicios esenciales como educación y sanidad.

"Por consiguiente, se mantiene el sustancial desequilibrio de 2023 también en el último ejercicio cerrado, alcanzando el triste récord de convertirse en el peor de la serie histórica, superando incluso al excepcional 2020", han señalado los autores del estudio en su informe publicado este miércoles 5 de febrero de 2025.

Propuestas de Fedea para la sostenibilidad financiera

Ante este escenario, Fedea considera que los ajustes fiscales necesarios en el marco de la nueva gobernanza económica europea representan un importante desafío para las comunidades autónomas. Para abordarlo eficazmente, la fundación propone dos condiciones fundamentales que deberían cumplirse de forma simultánea.

La primera condición es iniciar sin demora una reforma integral del sistema de financiación autonómica que corrija sus principales limitaciones y lo alinee con un nuevo marco de gobernanza fiscal de ámbito nacional. Los expertos subrayan que el actual modelo presenta desequilibrios estructurales que perpetúan las desigualdades entre territorios y dificultan una gestión financiera eficiente.

La segunda condición planteada es que los gobiernos autonómicos adopten políticas fiscales prudentes, tanto en la vertiente del gasto como en la de los ingresos. Esta recomendación cobra especial relevancia en el contexto actual de restauración de las reglas fiscales europeas, que obligará a todas las administraciones públicas a mantener una disciplina presupuestaria más estricta.

¿Qué es Fedea y cuál es su papel en el análisis económico español?

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es un think tank español creado en 1985 que se ha consolidado como una referencia en el análisis económico independiente en España. Su principal objetivo es contribuir al debate económico y social mediante la elaboración de estudios rigurosos que sirvan para orientar las políticas públicas.

Financiada principalmente por empresas privadas y algunas instituciones públicas, Fedea cuenta con un equipo de investigadores de reconocido prestigio que analizan regularmente aspectos clave de la economía española, como el mercado laboral, las pensiones, la fiscalidad, la educación y, como en este caso, las finanzas autonómicas. Sus informes suelen tener repercusión en el debate público y son considerados en la toma de decisiones políticas.

La fundación se caracteriza por defender posiciones liberales en materia económica, abogando por la eficiencia del gasto público, la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales. En el ámbito de la financiación autonómica, Fedea ha publicado numerosos estudios analizando las deficiencias del sistema actual y proponiendo alternativas para su mejora.

¿Cómo afecta el déficit estructural a las comunidades autónomas?

El déficit estructural representa aquel desequilibrio presupuestario que persiste independientemente de la situación del ciclo económico. A diferencia del déficit coyuntural, el estructural no desaparece automáticamente cuando la economía crece, sino que requiere reformas específicas para su corrección.

Para las comunidades autónomas, mantener un déficit estructural elevado como el actual 1,1% del PIB supone importantes limitaciones. En primer lugar, dificulta la reducción de los niveles de endeudamiento, que en algunas regiones superan ampliamente los límites recomendables. Esto incrementa los costes financieros y reduce los recursos disponibles para políticas sociales y de inversión.

Además, la persistencia de déficits estructurales limita la capacidad de las autonomías para responder a situaciones de crisis, ya que carecen del margen fiscal necesario para implementar medidas contracíclicas. Esta situación es especialmente preocupante ante los retos demográficos y sociales que deberán afrontar en los próximos años.

Finalmente, el déficit estructural puede comprometer la calidad de los servicios públicos fundamentales gestionados por las comunidades autónomas, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, especialmente en un contexto de presiones crecientes sobre el gasto debido al envejecimiento poblacional y otros factores estructurales.