La siniestralidad laboral y la afiliación a la Seguridad Social van de la mano. La destrucción de empleo que trajo la crisis económica fue la forma más efectiva de reducir el número de accidentes en el trabajo en Andalucía y la retiene el efecto contrario. En 2012 hubo 65.469 siniestros en el tajo -sin contar los accidentes de tráfico que se producen en camino o de vuelta del trabajo- y desde entonces las cifras no han hecho otra cosa que crecer y el pasado ejercicio no fue una excepción. En 2017 el número de accidentes laborales no in itinere creció hasta los 85.445, un 30% más que en el ya lejano 2012. En el mismo periodo, la afiliación en Andalucía creció sólo un 13%.

En total, si se suman los siniestros que sufren los trabajadores cuando van hacia su puesto de trabajo o vuelven a sus casas, la cifra supera la barrera psicológica de los 100.000 por primera vez en esta década. Concretamente son 100.216, un 6% más que en 2016, según los datos de la Dirección General de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que dirige Javier Carnero. La inmensa mayoría, el 98,6% del total, son de carácter leve, mientras que el 1,23% son graves y el 0,11% mortales.

El porcentaje de accidentes fatales es ínfimo, pero los 111 muertos en el tajo -o de camino- tienen una traducción muy clara. En Andalucía hubo un fallecido en el trabajo cada tres días. Y 29 de ellos murieron en su primer mes de contrato. Esta cifra, facilitada por CCOO-A, ha experimentado un crecimiento del 81% en 2017 respecto al año anterior, pero resulta más llamativa cuando se tiene en cuenta que siete de los 111 fallecidos en el trabajo murieron el mismo día que se incorporaron a su empleo.

Según Nuria Martínez, secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO Andalucía, el problema está en la "ausencia total" de formación en prevención de riesgos laborales que hay en un mercado de trabajo marcado por los "altísimos niveles de temporalidad" y "la rotación laboral". Desde el sindicato apuntan que se necesitan, de media, cuatro contratos temporales para completar uno laboral a tiempo completo. "Para qué va a invertir el empresario en formación en seguridad del trabajador si va a estar un rato en la empresa", ironiza Martínez.

En la Administración regional son conscientes de esta situación y, entre las medidas para luchar contra la siniestralidad laboral hay previsto un programa formativo para trabajadores, representantes de los mismos y empresarios, apunta Jesús González, director general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Junta. "La idea es que en cuanto el trabajador entre en la empresa, reciba esta formación", apunta González, cuyo departamento aprobó a finales del año pasado la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2017-2022, que entró en vigor el 29 de diciembre y cuenta con un presupuesto de nueve millones de euros hasta 2020.

La propia Administración regional desglosa el dato de siniestros mortales por el origen de los mismos y pone el foco en que sólo el 37% del total se corresponden con accidentes propiamente dichos, como puede ser quedar atrapado dentro de la maquinaria o una electrocución. El resto se corresponden con las denominadas patologías no traumáticas -ictus, infartos o derrames- (39%) o accidentes de tráfico (24%), ya sean de camino o de vuelta al trabajo o durante el desempeño del empleo.

Según el diagnóstico de la Junta, en estos años de recuperación el aumento de la siniestralidad más grave está directamente relacionada con estas dos casuísticas. En muchos casos, explica González, las patologías no traumáticas "están relacionadas con la precarización en el sistema de trabajo, el aumento del estrés y la carga de trabajo"; mientras que los accidentes de tráfico tienen que ver con la desconcentración de los centros de trabajos y el aumento del número de desplazamientos de los trabajadores. En ambos casos, la Junta apuesta por reforzar la planificación preventiva. Para acabar con patologías como el ictus o los infartos, el departamento de Javier Carnero apuesta por evaluar los riesgos psicosociales y para evitar los accidentes de tráfico aboga por hacer una mayor planificación de los riesgos viales.