La protección de las VPO en Andalucía dependerá de cada plan e irá de 7 a 70 años

La nueva Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía establece un amplio abanico de protección para las viviendas construidas con fondos públicos, algunas de las cuales podrán venderse en el mercado libre pasados unos años. ¿Cuántos? Depende y ahí está la clave. La normativa de la administración andaluza, que el Consejo de Gobierno ha enviado este miércoles al Parlamento para su tramitación por la vía de urgencia, establece una casuística muy variada. En primer lugar, las viviendas del parque público, las que construyen directamente las administraciones, siguen blindadas y no podrán salir a la venta en el mercado libre. Exactamente igual que sucede ahora.

Tampoco podrán venderse las viviendas que se hayan construido en suelos dotacionales cuyo uso haya cambiado a residencial, aunque sea de la mano de promotores privados. Hay que tener en cuenta que la norma establece que suelos para oficinas, para centros comunitarios o deportivos que no se vayan a utilizar, se podrán destinar a la construcción de viviendas, precisamente con el objetivo de aumentar la oferta disponible que es uno de los objetivos políticos de esta nueva ley. Y precisamente por esa recalificación de los suelos, estos pisos no podrán venderse a precio de mercado.

A precio de mercado

Sin embargo, hay muchos casos en los que los adjudicatarios de las viviendas de protección sí podrán venderlas en el mercado libre. Dependerá de cada promoción concreta y de los planes públicos a los que se acoja. Las construidas con fondos de la UE, por ejemplo, tienen una protección que oscila entre los 40, 50 e incluso 70 años; mientras que las que la Junta promueve diversos planes con distintos períodos de protección. Las promociones que se se están construyendo en la década 2020-2030, en el denominado Plan Vive de la Junta de Andalucía, puede venderse a precio de mercado una vez que pasen 15 años desde su adquisición en el caso de las viviendas de régimen especial y alojamientos protegidos; 10 años en el caso de las viviendas protegidas de régimen general y 7 años para aquellas viviendas protegidas de precio limitado.

Unos plazos mucho más flexibles que los que planteaba el Gobierno central y que se establecía en 30 años para permitir la descatalogación de este tipo de viviendas que se adquieren con ayudas de las administraciones públicas, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

Suelo para 40.000 viviendas

Las grandes ciudades andaluzas han puesto suelo para construir hasta 40.000 viviendas protegidas a precio asequible según ha desvelado la consejera de Fomento y Vivienda este miércoles. Rocío Díaz ha detallado que los municipios andaluces de más de cien mil habitantes que engoban a más de cuatro millones de habitantes se han adherido a los planes de vivienda de la Junta con lo que podrán además cambiar el uso del suelo dotacional, sea público o privado, a residencial sin necesidad de modificar el plan de ordenación urbanística vigente. Una medida que busca agilizar los trámites para la construcción de nuevas viviendas.

En la actualidad, los ayuntamientos ofrecen 630 bolsas de suelo que suponen 1,3 millones de metros cuadrados, 136 hectáreas, "una buena noticia aunque vamos a seguir por ese camino", según ha explicado la consejera quien ha informado de que la norma establece un plazo de un año, que expira en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse a ese cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas.

El Gobierno andaluz está ultimando un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida, mientras que cuatro proyectos de construcción de viviendas han solicitado incluirse en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta con el objetivo de reducir los plazos e iniciar las obras a la mayor brevedad posible.

El texto del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ha aprobado este miércoles el Consejo de Gobierno contempla aspectos como las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. También prevé la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía con la idea de incentivar la industrialización en la construcción de viviendas y aspira también a poner el acento en la rehabilitación de viviendas a través de iniciativas de reconstrucción de barriadas y la eliminación de infraviviendas.