Movilidad

Los taxistas andaluces se rebelan frente a la continuidad de los VTC

Taxistas gaditanos se concentran para protestar por el futuro decreto de la Junta.

Taxistas gaditanos se concentran para protestar por el futuro decreto de la Junta. / Julio González

La batalla del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) representa la pugna eterna entre lo viejo y lo nuevo, lo establecido y lo pujante, que ahora queda reflejada en la pelea que enfrenta al veterano taxi con los novedosos Uber y Cabify. Ambos sectores andan con la mosca detrás de la oreja. Ninguno está conforme con las medidas que el Gobierno andaluz ha anunciado que incluirá en el decreto de inmediata aprobación. Los taxistas se han rebelado, reacción que ha provocado la sorpresa de los VTC. Entretanto, la Junta solicita a las partes que cedan y los representantes del taxi responden que tal cosa ennegrece su futuro.

La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), organización mayoritaria del sector, afirmó ayer que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "confirma sus intenciones de acabar con el sector del taxi" después de que solicitara a las dos partes ceder en la negociación de la norma, "pensando en el usuario", ya que su decreto posibilita a los VTC seguir operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Ruano, que avisa de la unión de los taxistas en toda Andalucía, cree que esta regulación responde a la "voluntad" de la Junta de "liberalizar el mercado". "Las multinacionales han comprado voluntades, la ley no se cumple", acusa Ruano.

Que una cosa sea la ley y otra que se cumpla es el principal temor de la FAAT. La Consejería de Fomento cuenta con solamente siete funcionarios con la tarea de inspeccionar la observancia de la ley, lamenta Ruano, quien desconfía de que la Junta tenga capacidad de sancionar a los VTC que estacionen o circulen para captar los clientes o que estacionen a menos de 300 metros en los aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y de autobuses y a menos de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles cuatro estrellas, juzgados o lugares donde se celebre eventos. Ésta es una de las medidas que Fomento ha adelantado que formará parte del próximo decreto.

El Gobierno andaluz informó la pasada semana de que tal medida no está recogida en ninguna regulación autonómica y que ha surgido de una propuesta del Ministerio de Transporte a una consulta efectuada por el Gobierno andaluz y que cumple con el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre estatal que prohíbe a los VTC la captación de clientes. "Esta regulación por distancia evitaría conflictos reiterados entre VTC y taxis en ciertos puntos de las ciudades afectadas", explica la Junta. La Administración asegura que aumentará las inspecciones y endurecerá las sanciones. Aunque la Policía Local puede realizar la labor inspectora en materia de movilidad, el sector del taxi se muestra su escepticismo de que los ayuntamientos dediquen recursos extraordinarios a tal labor.

Por su parte, los representantes de los VTC en Andalucía afearon ayer al sector del taxi pretender una norma "con unos requisitos absolutamente desproporcionados. Si se atendiesen íntegramente sus demandas se perjudicaría gravemente la movilidad de los andaluces y de los turistas", dijo ayer el presidente de Andeval, Ignacio Manzano, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Una regulación antes del 1 de octubre

El Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, el conocido como decreto Ábalos, introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de los VTC, suprimiendo los servicios urbanos y limitándolos al servicio entre municipios. El decreto, sin embargo, permitió un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, instando a las comunidades autónomas a regular la habilitación del servicio urbano a partir de esa fecha. En caso de inhibirse, los VTC solo podrían realizar trayectos interurbanos, algo que no sucederá en Andalucía.

El decreto Ábalos dictaba una licencia de VTC por cada 30 de taxis, una limitación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está estudiando después de que la Justicia española planteara una cuestión prejudicial. Hasta el 1 de agosto, la proporción era de un VTC por cada 3,4 taxis en España. En Andalucía esta proporción es de un VTC por cada 2,7. Las comunidades con mayor número de licencias de VTC son Madrid (8.266), Andalucía (3.256), Cataluña (2.5800) y la Comunidad Valencia (681). El número de licencias andaluzas de taxis es de 8.782. Si se aplicara la ratio establecida en el decreto Ábalos, es decir, un VTC por cada 30 taxis, en Andalucía deberían quedar sólo 320 vehículos con conductor.

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