Y la Audiencia decide... aplazar

La Audiencia Provincial de Sevilla decidió aplazar la decisión pendiente sobre las medidas cautelares que estaban prevista para la semana en curso tras la petición de nulidad planteada ayer por la defensa de Manuel Ruiz de Lopera. La administración del Betis continuará, por tanto, siendo gestionada por el actual equipo, encabezado por Francisco Estepa, hasta que los magistrados resuelvan si se interrumpe o no la intervención judicial dictada por la juez Mercedes Alaya en agosto de 2010. Las partes implicadas en el caso barajan dos posibles fechas para la resolución de la Audiencia: antes o después del periodo estival, de modo que la decisión podría demorarse "tres o cuatro meses", informó Efe en una nota remitida a los medios.

Sea de un modo o sea del otro, cabe considerarse que, con este nuevo aplazamiento, el club verdiblanco gana tiempo para la planificación de la plantilla del regreso a Primera, un proyecto que, a la vista está, no sólo se encuentra en plena marcha sino que ha soltado las amarras de una inminente decisión judicial que podría haberla interrumpido. No en vano, representantes de Bitton Sport realizaron al portal web El Desmarque unas declaraciones en relación a dicho aplazamiento en el que se afirmaba que "cesarán" por el momento sus movimientos paralelos de planificación del nuevo plantel del Betis.

De vueltas a la decisión tomada ayer por las magistradas de la Audiencia, el nuevo aplazamiento se produjo tras presentar el abogado de Lopera, José María Calero, un incidente de nulidad por las 48 resoluciones dictadas en el caso por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que en mayo pasado fue ya apartado del procedimiento a causa de que un denunciante de la causa señalada es tío del citado juez.

Calle Peña dictó ese medio centenar de resoluciones antes de que el abogado de Lopera planteara la recusación, que fue resuelta ya en mayo por la sección tercera de la Audiencia. La existencia de esa causa que señala la ley, relativa a que un juez debe abstenerse de juzgar cuando existe parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado con una de las partes del litigio, obligó a la salida del magistrado del caso pendiente todavía de resolución.

Como el magistrado no cumplió por iniciativa propia el deber de abstenerse, el letrado de Lopera decidió plantear el incidente de nulidad para que la sección primera de la Audiencia decida si son nulas todas o algunas de las 48 resoluciones que dictó, ya que considera que el tribunal pudo no ser "imparcial".

Tras plantear ayer la defensa de Lopera el incidente de nulidad, la ponente del tribunal, María Auxiliadora Echavarri, solicitó que las partes se pronunciaran al respecto, tras lo cual decidió posponer la decisión sobre las medidas cautelares, informaron varios abogados presentes en la sesión.

Como se recordará, las medidas cautelares pesan sobre el paquete de acciones propiedad de una empresa de Lopera, que representan el 51,34% del capital social del club y que la juez Alaya dispuso para su administración judicial, que es la que toma decisiones en nombre de esas acciones. Las plataformas de aficionados béticos que en su día se constituyeron en la oposición a Lopera, y que fueron las que iniciaron el proceso judicial con sus denuncias, solicitaron nuevamente que se mantengan estas medidas cautelares, a la vez que apostaron por que el levantamiento o no de las medidas cautelares puedan resolverse en "15 o 20 días". No así Calero, el abogado de Lopera, que prevé que la Audiencia acabe pronunciándose en "tres o cuatro meses".

Por su lado, Joaquín Zulategui, hombre de confianza de Luis Oliver en Bitton Sport, reveló ayer a El Desmarque su sorpresa sobre la petición de nulidad planteada por Lopera, ya que se trataría de un retraso en la resolución de las medidas cautelares. "Es extraño", señaló Zulategui, "nos da un poco la sensación de que Lopera se ha pegado un tiro en el pie", al tiempo que informó de una reunión de la sociedad en la tarde de ayer.