Un ERE difícil de concretar

El Betis se halla en un aprieto. No es nada nuevo que su coyuntura económica es delicada, pero lo peor es que hay contratos, ahora con los futbolistas y como ya pudo comprobar en otras instancias el hoy presidente, Miguel Guillén, difíciles de anular o modificar. Quizá por eso la senda jurídica del club, hoy amplísima, esté barajando seriamente la posibilidad de solicitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según adelantó ayer Onda Cero.

El objetivo del ERE no afectaría, en principio, a bajas laborales, sino a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de un grupo de empleados, según marca el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y que en este caso debería ser superior a diez.

El Betis, lógicamente, pretende aplicarlo a un grupo de futbolistas con contratos en vigor que sobrepasan con creces el tope salarial que el club se ha autoimpuesto hace unos meses y que no están muy por la labor de acceder a que sus contratos sean revisados.

La entrada en concurso de acreedores el pasado 14 de enero ha permitido al club que ciertas cantidades o deudas anteriores a esa fecha hayan entrado en situación de quita y espera. A regañadientes, los profesionales se han visto obligados a aceptarlo. Algunos, incluso, no podrían evitar que sus contratos fuesen revisados de haber sido suscritos en los dos años anteriores, es decir, desde el 14 de enero de 2009. Pero de ahí a que los futbolistas acepten un ERE va un trecho.

El expediente debería solicitarlo el Betis ante la Dirección Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía y acreditar que el mismo es útil para reflotar la empresa, es decir, debe estar justificado.

En vista de esa argumentación, se abren dos vías. En caso afirmativo, se daría traslado a la AFE como sindicato y serían los futbolistas afectados, de forma individual, los que podrían recurrir si no ven la resolución ajustada a Derecho, principalmente acogiéndose al Decreto 1006/85 para solicitar de forma unilateral la rescisión de sus contratos por el intento de una modificación sustancial, como es el salario. En este caso, un juez de lo Mercantil valoraría la indemnización a percibir, que parte de la totalidad del contrato hasta los dos meses, dependiendo de lo que el club fuese capaz de deducir ante el juez.

En caso de que la Dirección General de Trabajo, es decir, la autoridad administrativa, denegase el ERE sería el Betis el que tendría veinte días para presentar sus alegaciones y recurrir el dictamen. Con todo, las opciones de que prospere no serían sencillas, toda vez que la sociedad anónima ha realizado contrataciones recientemente, tanto en su plantilla laboral como en la profesional, de forma más concreta. Sin ir más lejos, recientemente anunció el fichaje de Matilla, que supone un desembolso de 1.350.000 euros aproximadamente.

Y si la autoridad administrativa no lo juzga como motivo suficiente para denegar el ERE, se antoja muy difícil creer que los abogados de la AFE y de los propios futbolistas no vayan a sacar tajada en su favor de una situación así.

Algunos juristas en el propio club así lo entienden y, por ello, la medida está aún en estudio.