La juez amplía el auto a Lopera
En la semana de la confusión por la supuesta venta del club, el juzgado solicita a la Guardia Civil que abra diligencias para conocer las vinculaciones entre el Betis y Tegasa o Encadesa
A Manuel Ruiz de Lopera se le siguen abriendo frentes en su contra desde los juzgados. Esta misma semana Mercedes Alaya, la juez encargada de llevar el caso por un presunto delito societario, ha pedido a la Guardia Civil que abra diligencias en el caso para conocer más a fondo la vinculación de las empresas de Lopera con el Betis. Y todo, precisamente, en la semana de la confusión con la presunta venta del club a la recién constituida Betis Sport. Ahí es nada.
La juez, según apuntaba la agencia Europa Press, ha dispuesto que se libre oficio al instituto armado para que se profundice en las relaciones comerciales y los contratos firmados entre el Betis y empresas como Tegasa, Encadesa y Frigimueble, que se vinculan a Lopera, así como sobre las personas que aparecen como titulares de las mismas.
Dentro de los asuntos que la juez ha propuesto investigar destaca la indemnización a la que se habría obligado el Betis con Encadesa, para abonar a esta empresa casi 8 millones de euros por la no finalización de las obras de su estadio, cuando el propio Lopera fue el encargado de frenarlas, lo que podría suponer un delito de alzamiento de bienes.
En este sentido, se espera también recabar información sobre el coste de esas obras del coliseo verdiblanco y los contratos firmados a tal efecto con las firmas constructoras que han participado en las mismas, sin olvidar el requerimiento de datos sobre la participación de sociedades de origen ruso, la ya famosa Europeiski Sport SARL y Sport Internacional SRL, en algunas de esas empresas que se vinculan al propio Lopera.
Otros de los temas sobre los que se requiere la ejecución de las mencionadas diligencias por parte de la Guardia Civil son los contratos de imagen de los jugadores del plantel heliopolitano en temporadas pasadas. Igualmente, el juzgado ha requerido al presidente del Betis, José León, para que aporte la documentación necesaria en todos estos asuntos "a la mayor brevedad", ya que, en caso de no hacerlo así, podría incurrir en delito de "desobediencia a la autoridad judicial".
Desde los grupos opositores, estas noticias se valoran con prudencia, aunque se confía en las actuaciones que está llevando la juez para aclarar los vínculos entre el Betis y las empresas de Lopera y el presunto delito societario denunciado en su día por las distintas plataformas. "Estamos todavía en la fase instructora del caso y, por parte de la defensa de Lopera y de las demás personas contra quienes va nuestra querella, se están poniendo muchas pegas para dilatar esto en el tiempo lo más posible. Pero, dentro de lo que cabe, el asunto va a un buen ritmo y con estas diligencias estarán mucho más claras para la juez las posibles responsabilidades en que hayan incurrido Lopera y los demás administradores de esas sociedades vinculadas a él", comentó Manuel Serrano, portavoz de Béticos por el Villamarín.
Curiosamente, la petición de la magistrada coincide en el tiempo con la presunta venta de las acciones de Lopera a Betis Sport, fijada para el 4 de octubre. A falta de unos días para que se cumpla el plazo establecido, los miembros de este grupo permanecen sin realizar declaraciones públicas, a pesar de que se hayan presentado en el club como los futuros dueños de la entidad. La ceremonia de la confusión tejida desde la calle Jabugo no finaliza con BSport, sino que ahora se desliza que Lopera podría dar marcha atrás en este asunto e incluso vuelve a resurgir el nombre de Luis Castel, el empresario que ya se reunió con el máximo accionista durante el verano y que también se autoproclamó como futuro presidente del Betis.
"Esto sigue siendo una huida hacia delante, una autoventa, y detrás de esto está el propio Lopera, todo para evitar un proceso judicial que parece inevitable porque se está trabajando bien y claramente. Si las acciones del Betis se venden, se podría estar incurriendo en un levantamiento de patrimonio, un nuevo delito por tanto... Estos señores no tienen capital para comprar el Betis y han tenido que ir a una empresa de Suiza para que les avalen los 70 millones", comentó Pepe Tirado, presidente de Por Nuestro Betis, que tampoco da crédito a todo lo filtrado desde Jabugo.
Por si fuera poco, el Consejo Superior de Deportes desconocía ayer cualquier movimiento accionarial en el Betis, cuando este organismo es el encargado de aprobar estos asuntos. La ceremonia de la confusión sigue su curso. Y la juez el suyo.
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