Los ex directivos de Caixa Penedès defienden la legalidad de sus millonarias pensiones

El ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, defendió ayer en la Audiencia Nacional que siempre se comportó con "total honestidad" y que nunca trató de perjudicarla adjudicándose una pensión multimillonaria.

Pagès y el ex director general adjunto, Santiago José Abella, declararon ayer en el juicio que comenzó contra él y otros dos ex directivos de la caja, Manuel Troyano y Joan Caellas, a los que la Fiscalía acusa de haberse adjudicado prejubilaciones de hasta 31,6 millones con pólizas de seguros que contrataron a espaldas de los órganos de control de la entidad.

El que fuera ex director general de Caixa Penedès hasta mayo de 2011 explicó que el contrato de dirección que firmaron los cuatro ex directivos con el visto bueno de la comisión ejecutiva y el Consejo de Administración contenía ya las condiciones que se plasmaron en los fondos de pensiones de la entidad y en las pólizas de seguros suscritas. Unas dotaciones que, además, revisaba periódicamente la auditora Deloitte, que nunca detectó "que se hiciera nada de forma incorrecta", y también el Banco de España, que hubiera advertido al presidente de la entidad en el caso de que hubiera visto "algo negativo".

Por su lado, Santiago José Abella defendió la legalidad de las pensiones millonarias que percibió la ex cúpula de la entidad porque estaban fijadas por contrato y argumentó que se contrataron pólizas de seguros para evitar que se les "discriminara" con respecto al resto de trabajadores.

Según explicó el acusado, firmó un contrato de alta dirección con Caixa Penedès en 1996, en el que se establecía una cláusula que le concedía el derecho a una prejubilación vitalicia a partir de los 60 años equivalente al 90% de su retribución, que no especificó. Abella, que llegó a percibir 1,89 millones de prejubilación, insistió en que "el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza", por lo que si no se hubieran consolidado los derechos de los directivos, habría personas en la caja con todos los derechos cubiertos y otros, ellos cuatro, con solo un trozo, lo que hubiera supuesto una "discriminación".

La Fiscalía, por el contrario, sostiene que los acusados, para los que pide entre 3 y 3,5 años de prisión, junto con Jorba, se apresuraron a modificar sus contratos de trabajo y a blindar sus pólizas con las compañías Axa y Zurich para que cuando cesaran en sus cargos pudieran beneficiarse de las indemnizaciones previstas en dichos seguros. De acuerdo con las pólizas, Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella 5,7 millones; Jorba 3,3 millones; Troyano 6,16 millones y Caellas 4,8 millones.