La nueva PAC o cómo empezar la casa por el tejado
agricultura Jornadas de debate sobre la Política Agraria Común organizadas por Asaja-Sevilla
Representantes de Gobierno, Junta, Parlamento Europeo y agricultores critican la propuesta por plantear una reforma profunda sin saber con qué dinero se va a contar
Si se trata de una casa, se comienza a construir por los cimientos. Si la cuestión es definir una nueva política sobre, por ejemplo, agricultura, lo primero es saber con qué recursos se cuenta. Pero, en el caso de la Comisión Europea, se ha procedido a una reforma profunda de la Política Agraria Común (PAC) sin saber aún con qué dinero va a contar y en un contexto general de incertidumbre financiera
Ésta fue una de las conclusiones de casi todos los participantes en una mesa redonda celebrada en el marco de la jornada La Política Agraria Comunitaria (PAC) en el periodo 2014-2020. Las propuestas legislativas a debate, organizada por Asaja-Sevilla. La única discrepante, como es obvio, fue la representante de la Comisión Europea, Cristina Carrasco: "Para discutir sobre dinero, para saber cuánto necesitamos, primer debemos explicar qué vamos a hacer"
Nadie estuvo de acuerdo. Para Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura del PP, "parece muy complicado plantear un debate político cuando las perspectivas financieras aún no se han cerrado" y cuando se asiste "a una situación financiera en Europa que no habíamos visto nunca". Josep Puxeu, secretario de Estado del Medio Rural, argumentó que la Comisión "obvia el contexto actual". "En tiempos complicados, lo propio es mantener el statu quo". Tanto Cañete como Puxeu coinciden en que Bruselas, al plantear una reforma profunda, hace inviable la PAC. Por ejemplo, plantea redistribuir las ayudas en beneficio de los nuevos estados miembros, pero lo hace con una previsión presupuestaria inferior en un 11% a la PAC actual. Puxeu exige que cualquier movimiento de dinero entre estados y entre sectores no supere el 5%.
Gabriel Mato, miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, no ve futuro en Estrasburgo para la posición que ahora mantiene España (el statu quo) y sí para la implantación del pago base, que perjudicaría a los sectores que más perciben. Sí hay mayor rechazo al llamado greening, el porcentaje de la ayuda, 30%, vinculado a prácticas verdes. La sensibilidad entre los europarlamentario tiende a flexibilizar los requisitos y a no penalizar el pago básico en caso de incumplientos.
Otra cuestión con la que tendrá que lidiar el nuevo Gobierno es la posibilidad que da la PAC de que cada Estado redistribuya las ayudas. Arias Cañete fue claro: su objetivo es tratar a todos los agricultores por igual según sus características. "Que un olivarero de secano en Baleares cobre lo mismo que en Andalucía". Gabriel Company, consejero de Agricultura de Baleares -que percibe 25 millones en ayudas directas frente a los 1.600 de Andalucía- abogó por un espíritu de cesión sectores y autonomías, pero expresó su temor a "los egoísmos de cada comunidad y cada agricultura". La consejera de Agricultura andaluza, Clara Aguilera, se refirió al segundo pilar, el destinado a políticas de desarrollo rural. Lo hizo para criticar que el porcentaje de financiación para estados y regiones pase del 25% al 50%, en un contexto de dificultades financieras, y pidió que se apliqué un proceso de transición, como con los fondos de cohesión.
Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, abogó por mantener "claramente delimitados" los dos pilares de la PAC. El proyecto prevé ahora trasvases por parte de los estados de hasta un 10%.
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