El ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera estuvo una década bajo el foco de la Justicia, en una investigación que inició en el año 2008 la juez Mercedes Alaya y que acabó en 2018 con una rotunda sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla. que le absolvió de los cargos de apropiación indebida y administración desleal por su gestión en el club verdiblanco.

En marzo de 2018, Manuel Ruiz de Lopera acudió al Palacio de Justicia de Sevilla para recoger la sentencia y en su comparecencia, haciendo gala de sus convicciones religiosas, aprovechó la ocasión para dar las gracias al "Gran Poder Bendito" por haber hecho "Justicia". En declaraciones a este periódico, mostró su satisfacción por el fallo judicial. "Estoy bien, confiando en mi Gran Poder bendito, de la Justicia que ha hecho y tanto como habían hablado de mí, pues no me han condenado ni a pagar un euro. Y Dios está arriba".

Lopera recordó la lamentable situación económica en la que estaba el Betis a su llegada. "Me encontré un campo vendido, en ruinas, lo saqué adelante y yo nunca he tenido la intención de ganar dinero con el Betis porque no necesito ningún dinero del Betis", ha sentenciado.

En cualquier caso, Lopera lamentó los diez años que han transcurrido en este proceso judicial que inició en 2008 la juez Mercedes Alaya. "Han sido muchos años, muchos gastos y menos mal que he cogido unos abogados y abogadas fenomenales y han puesto las cosas muy claras para que no hay problemas de ningún tipo, y así lo ha comprendido la Audiencia de Sevilla", afirmó.

El ex mandatario bético destacó los perjuicios personales y patrimoniales que ha sufrido como consecuencia de su enjuiciamiento. "Han sido bastantes y más cuando uno sufre, cuando están levantándote calumnias y falsedades, por eso digo que Dios está arriba y siempre que voy a mi gran Poder, que es todos los viernes, le digo Dios mío haz Justicia, que es lo que te pido, que hagas Justicia señor, y Dios ha hecho Justicia porque a mí me escucha", concluyó Lopera.

Lopera había alcanzado un pacto con los gestores del club y las otras dos acusaciones particulares, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, por lo que Béticos por el Villamarín (BxV) se había quedado como única acusación particular en el juicio que celebró la Audiencia de Sevilla. Allí pidió una condena de 14 años de prisión para Manuel Ruiz de Lopera y seis millones de indemnización por delito societario y apropiación indebida durante su gestión del club deportivo entre 1993 y 2006.

La sentencia consideró que Lopera no había causado “perjuicio” al club sino que había pasado de una “situación deficitaria” a tener 35 millones en 2007-08. La Fiscalía de Sevilla decidió finalmente no recurrir la absolución al Tribunal Supremo, al considerar que no hay motivos suficientes para impugnar la sentencia absolutoria, dado que hay una serie de impuestos abonados por las sociedades vinculadas a Lopera que si se hubieran tenido en cuenta podría haberse llegado a la misma conclusión a la que llegó el tribunal de que “verdaderamente no ha existido perjuicio” para el Betis por la gestión del ex mandatario béticos, según explicaron en su momento fuentes del caso.

Respecto al supuesto perjuicio causado al Betis –que la Fiscalía cifraba en algo más de tres millones de euros, muy por debajo de los 25 que incluía el informe pericial–, la Fiscalía puso de manifiesto que no se han tenido en cuenta los 2,2 millones del impuesto de sociedades de las entidades Tegasa y Encadesa entre los años 1999 y 2008, la segunda etapa de Lopera en el club.

De la misma forma, hay otros gastos de impuestos del Real Betis a los que se habían comprometido pagar las entidades vinculadas a la familia de Lopera que no se han calculado y no figuran en el informe pericial encargado por el juzgado, dado que estas cuentas no fueron realizadas por el perito.

Teniendo en cuenta los impuestos satisfechos por Tegasa y Encadesa y los que se había comprometido a abonar y que no se han calculado, se podría haber llegado a la conclusión de que “verdaderamente perjuicio no ha existido” para el Real Betis durante la gestión de Lopera, por lo que el Ministerio Público mostró su conformidad con la sentencia absolutoria y no recurrió.

La queja de Lopera contra Alaya

Tras la sentencia, Lopera criticó la instrucción realizó en su día la juez Mercedes Alaya en el denominado caso Betis, al afirmar que las mismas pruebas que fundamentan las "rotundas conclusiones" que han llevado a la Audiencia a dictar una sentencia absolutoria "obraban en la causa desde su inicio, dispuestas para quien quisiera verlas" y destacó que sus resoluciones judiciales han sido ahora "radicalmente desautorizadas".

A raíz de unas declaraciones de Mercedes Alaya, el ex mandatrio bético presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada, en la que Lopera pidió al máximo órgano de gobierno de los jueces que le abriese un “expediente disciplinario” . Todo ello después de que Alaya afirmara tras la sentencia absolutoria que nadie descarta que el Betis pudiera llevar una “contabilidad paralela” en la etapa en la que Lopera estuvo al frente de la entidad. La queja fue finalmente archivada. El archivo se produjo porque el promotor de la acción disciplinaria consideró que las manifestaciones y expresiones que realizó la juez Alaya ante los periodistas, tras ser abordada en un espacio público y de las que se hicieron eco distintos medios de comunicación, se encuentran amparadas en su derecho a la libertad de expresión".

Su gestión al frente del Betis también motivó otros pleitos, en los que Manuel Ruiz de Lopera no dudó incluso en acudir hasta el Tribunal Supremo, como cuando recurrió otra sentencia de la Audiencia de Sevilla que confirmó que Lopera no había adquirido el 31,38% del capital social del club con su dinero en 1992 y declaró la nulidad de la suscripción del paquete de 36.869 acciones durante el proceso de conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva.

El abogado Pablo Amores, del bufete Montero-Aramburu, consideró entonces que la sentencia Tribunal Supremo, "dicho con los máximos respetos, es decepcionante en la medida en que no entra a resolver el fondo del asunto, esto es, si hubo un desembolso efectivo de una parte de las acciones que en el año 1992 suscribió Farusa mediante la asunción por esta sociedad del denominado 'Préstamo de las Cajas' que adeudaba el Real Betis en aquel momento, remitiéndose a estos efectos, exclusivamente, a lo sentenciado en instancias anteriores, las cuales, por otro lado, ni siquiera entraron a valorar esta cuestión".

Lopera recurrió este fallo con el objetivo de evitar que "quedara como hecho probado que no hubo un desembolso de este número limitado de acciones y ello a pesar de que, por razón de este recurso de casación planteado, ha pospuesto durante varios años el cobro de 4.000.000 euros que ahora, con la sentencia firme del Tribunal Supremo, debe abonar el Real Betis".