Unos 200 profesionales se han unido este miércoles a la concentración promovida por el Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) ante la Audiencia Provincial para reclamar que "cese la paralización" de la actividad judicial y que los partidos políticos firmen un Pacto de Estado que permita ejecutar "reformas profundas y duraderas" en la Justicia, de modo que esta "deje de ser la Cenicienta de los ministerios". Así lo ha expresado el decano del ICAS, Óscar Fernández León, quien ha leído un manifiesto en el que los letrados se confiesan "cansados" del actual estado de este servicio público. Lo ha hecho ante compañeros de la abogacía, procuradores, graduados sociales y administradores de fincas. "Y digo Cenicienta porque espero que algún día vuelva a brillar", ha explicado.

"Los abogados y abogadas estamos cansados de constatar cómo en legislaturas precedentes se han creado, modernizado y consolidado la educación, Hacienda o la sanidad, entre otros servicios públicos, y la Justicia queda olvidada como la Cenicienta de los ministerios", ha lamentado Fernández León, que entre otros ha contado con el apoyo de su predecesor en el cargo, el histórico José Joaquín Gallardo, con quien además se ha unido en un emotivo abrazo tras la lectura del manifiesto.

El "cansancio" de los letrados también tiene que ver con "cómo pasan generaciones y generaciones de abogados y abogadas conviviendo con una Justicia lenta, ineficaz, carente de recursos humanos y materiales" o con "presenciar cómo a los gobiernos, tanto estatal como autonómico, parece haberles importado poco, o al menos no lo suficiente, la situación siempre crítica de la Justicia".

Óscar Fernández León y José Joaquín Gallardo, durante la concentración ante la Audiencia.

Para Fernández León, en nombre de los más de 6.000 colegiados de la provincia, "el diagnóstico de los males de la Justicia está bien claro" y la solución pasa por "una reorganización que la haga más rápida y efectiva" y por dotarla con "mayores recursos materiales y personales que aseguren su calidad". Aun así, "lo cierto es que nadie termina de implementar las soluciones proyectadas para el servicio público de Justicia, aunque sea patente para todos que lo requiere de modo urgente", ha criticado.

"La pandemia nos dejó extenuados y paralizó una Justicia que tardó en recuperar la normalidad más que cualquier otra Administración. Esa normalidad se volvió a romper con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que congeló nuevamente la actividad durante meses. Y ahora, al reciente conato de la huelga de jueces y fiscales le sigue la actual huelga de funcionarios, sin control efectivo ni del cumplimiento de los servicios mínimos y sin viso alguno de solución", ha continuado.

Los abogados también han expresado su hartazgo por "recibir cada día miles de quejas de la ciudadanía por el nefasto servicio público de Justicia y por el injusto servicio que reciben, sin poder ofrecer ninguna justificación razonable a cambio". Y al mismo tiempo se sienten perjudicados por la paralización de procedimientos y actuaciones judiciales y los retrasos en los señalamientos y en los mandamientos de pagos o en las costas. "Está suponiendo que muchos compañeros y compañeras dejen de trabajar o disminuyan considerablemente su actividad profesional", hasta el punto de que "incluso se plantean el cierre de sus despachos", han alertado.

El "maltrato" del que hablan, además, "se intensifica en los abogados adscritos al Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, quienes desempeñan su trabajo en unas condiciones precarias e indignas", han recalcado.

Los letrados, por otra parte, insisten en que ahora mismo no pueden conciliar la vida personal y familiar sin que eso suponga una "merma de los derechos de los justiciables".

El colofón de estas quejas es que "de nada han servido durante estos últimos años las llamadas de auxilio ante la precariedad de la situación". "Las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto, pero seguimos creyendo y amando nuestro sistema de Justicia y lo defenderemos con todas nuestras fuerzas por muchas que sean las deficiencias de su funcionamiento, impensables en cualquier otro servicio público", ha destacado el decano.

Fernández León ha rematado la lectura del manifiesto resumiendo las exigencias del colectivo, que pasan por "abordar de forma definitiva una reforma profunda y duradera de la Justicia que lo convierta en un sistema moderno, creíble y reconocido como servicio público de calidad, capaz de generar confianza en la ciudadanía"; o "la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución inmediata a la actual situación de paralización de la Justicia".

"Ni podemos ni queremos mirar para otro lado y, desde nuestra responsabilidad como Abogacía, pedimos al Ministerio de Justicia, las consejerías de las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, grupos políticos, jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales de la Justicia, un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad, para alcanzar entre todos, con participación también de los sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos, un gran Pacto de Estado que nos permita disponer de una Administración de Justicia que preste el servicio de calidad al que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tienen derecho", ha reivindicado el decano.

"La Justicia no sólo es ciega, es frágil. Tenemos que cuidarla. Es lo más importante del Estado de Derecho. Cualquiera de sus operadores puede ponerla en peligro, y no lo vamos a permitir. Vivimos un momento histórico. Vamos a seguir luchando, no nos pararemos aquí", ha concluido.