El uso de las tarjetas públicas en un club de alterne

Bolaños interroga a Villén por el gasto de las tarjetas de la Faffe

  • El ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo deberá explicar el gasto de 15.000 euros en un club de alterne

El ex director de la Faffe Fernando Villén -a la izquierda-, durante su intervención en la comisión de investigación. El ex director de la Faffe Fernando Villén -a la izquierda-, durante su intervención en la comisión de investigación.

El ex director de la Faffe Fernando Villén -a la izquierda-, durante su intervención en la comisión de investigación. / M. G.

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La juez María Núñez Bolaños, que investiga las irregularidades en al extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), tomará declaración el próximo jueves, día 11, al ex director de dicha fundación Fernando Villén, quién ya había prestado declaración en relación con los supuestos “contratos irregulares” realizados por importe de nueve millones de euros. La nueva declaración de Fernando Villén se produce a instancias de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, después de que saltara el escándalo relacionado con el uso de las tarjetas de la Faffe y los pagos en un club de alterne de Sevilla.

La juez investiga 15 pagos sucesivos por un importe de 14.737 euros que fueron realizados entre las 20:57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02:43 horas del 23 de marzo de 2010 en el club Don Angelo de Sevilla, ubicado cerca del campo del Betis, y en las que aparecen facturas que oscilan ente los 310 y los 1.570 euros.

La fecha de esa juerga coincide con una remodelación del Gobierno andaluz en la que, entre otros cambios, se produjo la salida del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández. Sin embargo, esos gastos no figuran en la contabilidad de la Faffe porque fueron “abonados en metálico a los pocos días”, por lo que el cargo en sí no se hizo.

La Guardia Civil investiga ya quién realizó ese pago y si el dinero pudo haber salido de las cajas de caudales de la extinta fundación. El propio Fernando Villén admitió en una comisión del Parlamento andaluz el pasado 16 de mayo que fue él quien, “por error”, pagó en el club de alterne 538 euros con una tarjeta de la Faffe pensando que era la suya personal. Se trataba en ese caso de una despedida de soltero celebrada en el local y, según Villén, el error se subsanó a los pocos días.

Es cierto que dos días después, el 22 de marzo, una persona cuya identidad se está investigando acudió al Don Angelo –local que ya ni siquiera está abierto– y abonó los 14.737 euros, por lo que el propietario del club anuló el cargo que se iba a efectuar en la tarjeta de la Faffe.

Según declaró Fernando Villén, esa tarjeta tenía un tope mensual de 3.000 euros, pero durante esa noche de marzo de 2010 fue utilizada con un exceso de cinco veces ese límite.

El consejero de Empleo de la Junta, Javier Carnero, reconoció durante su comparecencia en la misión de investigación que el ex director de la Faffe, Fernando Villén, gastó otros 23.000 euros para su uso personal con una de la dos tarjetas a las que tuvo acceso como responsable de esta entidad. Para el pago en el Don Angelo se utilizó una contratada con Unicaja, formalizada en 2009 y que funcionó hasta la disolución de la Faffe en 2011.

Con la otra tarjeta, que se contrató en 2004 con la Caja San Fernando –ahora Caixabank–, se habrían realizado cargos por valor de 23.000 euros de los que, no obstante, se habrían producido “devoluciones” por ese importe entre los años 2004 y 2007 que se corresponderían, según el consejero, con una compensación de gastos personales con cargo a dicha tarjeta.

El juzgado ha reclamado a la Guardia Civil que elabore un informe sobre los movimientos de las cuentas de la Faffe, así como de los correos electrónicos de 66 personas vinculadas a esta fundación entre los años 2009 y 2011.

Esta investigación se enmarca en una pieza separada sobre la Faffe dentro de la macrocausa de los cursos de formación, en la que la Fiscalía Anticorrupción considera que esta fundación realizó contratos “indiciariamente irregulares” por importe de 9.465.332 euros, unos contratos que según el Ministerio Público supondrían una “quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares”.

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