Desde que el Ayuntamiento de Sevilla comunicara a la juez que no puede cesar a los 44 policías locales y planteara un incidente de inejecución de la sentencia que obliga a repetir las oposiciones de la Policía Local de Sevilla del año 2012 se ha producido un efecto llamada que está haciendo que aparezcan nuevos opositores que se personan en el el proceso judicial como presuntos perjudicados. Desde el inicio del proceso judicial siempre ha habido un único opositor denunciante, pero en los últimos días se han personado en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla otros dos aspirantes a una plaza en aquellas oposiciones de la Policía Local.

El último en hacerlo presentó el pasado 15 de septiembre un escueto en escrito firmado por su abogado, en el que señalaba que como tiene un "interés legítimo en el presente procedimiento", ha designado a su letrado, quien ha solicitado asimismo que se le entregue "copia de todo lo actuado", según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Con anterioridad, la representación jurídica de otro opositor se personó en el caso recordando que en julio pasado el Ayuntamiento ordenó la repetición del caso práctico -como establecía la sentencia- y fijó la realización del examen para el próximo 30 de septiembre, una prueba que la juez ha suspendido cautelarmente y a la que podían presentarse todos aquellos aspirantes que en su día concurrieron al ejercicio anulado por la sentencia y que tenían aprobado el examen tipo test que constituía la primera parte del tercer ejercicio. 

Hasta ahora las partes que han intervenido en este proceso eran el Ayuntamiento de Sevilla, como administración responsable de las oposiciones y encargada de ejecutar el fallo; el opositor que impugnó el proceso y que ha estado personado como demandante desde el principio; y los 44 agentes de la Policía Local de Sevilla a los que afecta directamente el caso y que están divididos a efectos de representación jurídica en dos grupos -uno formado por 34 agentes y otro por diez-.

De esta forma, el caso de la filtración sigue enredándose después de que el Ayuntamiento de Sevilla planteara que la sentencia que acarrea el cese de 44 agentes no puede ejecutarse por el importante coste económico que supone y los problemas para la seguridad ciudadana, una petición a la que se ha unido la formulada por la mayoría de los 44 policías locales que han pedido a la juez que "fije la indemnización" pero sin aclarar quién debe pagarla. 

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se refirió recientemente a la posibilidad de que los policías estuvieran intentando llegar a un acuerdo económico con el opositor denunciante y la respuesta del regidor no aclaró nada. "Lo que estén negociando las partes son como en cualquier otro juicio las negociaciones que se producen entre las partes, yo no tengo ni idea", aseveró entonces José Luis Sanz.

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido la inejecución de la sentencia alegando el "coste económico desproporcionado" y el "grave perjuicio" para la Seguridad Ciudadana por el cese de los funcionarios. Estos son los dos principales argumentos que el Ayuntamiento de Sevilla ha alegado, siguiendo el planteamiento de una de las defensas, para plantear al juzgado que es imposible ejecutar la sentencia que ordenó repetir las oposiciones a 44 agentes afectados por el caso de la "filtración" de la oposiciones de la Policía Local del año 2012, de la que fueron absueltos. En un giro inesperado, el Ayuntamiento pasó de informar al juzgado de que los policías serían cesados a lo largo de este mes y que el examen de la prueba práctica se realizaría el próximo 30 de septiembre, a comunicar a la juez de que ya no es posible la ejecución de la sentencia por esos graves inconvenientes que acarrea el cese de los agentes y la ejecución del fallo.