La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de cinco años y nueve meses de cárcel para el director de la residencia de ancianos Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que fue clausurada en marzo de 2022, después de que se detectaran numerosas irregularidades que van desde ofrecer escasa comida y en algunos casos caducada a los ancianos hasta atar a algunos de los residentes con sábanas, constituyendo según el Ministerio Público un trato "inhumano e indigno" para los ancianos.

El escrito de acusación del Ministerio Público, facilitado este viernes por la Fiscalía Superior de Andalucía, atribuye un total de 41 delitos al responsable del asilo, entre ellos 19 delitos contra la integridad moral de personas con discapacidad; otros 19 delitos de abandono de personas necesitadas de especial protección, un delito de lesiones relacionado con la muerte de uno de los ancianos; un delito de falsedad en documento público y otro de omisión del deber de socorro.

Por todos estos delitos, el fiscal delegado para Mayores y Personas con Discapacidad en Sevilla, ha solicitado penas que suman en total los cinco años y nueve meses de prisión, así como el pago de varias multas. El fiscal concluye que los incumplimientos detectados "suponen un trato continuado inhumano e indigno frente a los residentes, que suponen un ataque reiterado y directo frente a la dignidad de los residentes, con alimentos caducados, menús sin control, falta de expedientes individuales, con sujeciones no homologadas ni prescritas, faltando consentimiento informado para actuaciones médicas, falta de autorizaciones judiciales de ingreso, mal olor, falta de estimulación, con mayor número de residentes asistidos de los autorizados, falta de realización de simulacros y sin control de la instalación del gas y eléctrica". 

La "dejación absoluta" en la muerte de uno de los ancianos

Entre los hechos que serán enjuiciados en un juzgado de lo Penal de Sevilla, la Fiscalía recoge la muerte el 15 de febrero de 2022 de uno de los ancianos y en este sentido recoge que esta persona padeció durante los días anteriores a su fallecimiento una "dejación absoluta del cuidado y falta de supervisión", a pesar de que se realizaron "advertencias expresas por parte de la inspección para que se le prestase asistencia sanitaria, sufriendo incluso lesiones ante la falta de cuidado en la residencia".

En este sentido, el fiscal detalla que, durante la visita de la inspección de la Junta, sobre las 11:00 horas del 28 de enero de 2022, este anciano sufrió una caída al suelo cuando se encontraba en un salón junto a otros residentes de mayor deterioro "sin control ni vigilancia". Tras la caída, esta persona sufrió un hematoma que era visible "sin que por el director denunciado se adopte medida alguna, no trasladándolo o llamando a emergencias sanitarias".

Dice el fiscal que este anciano carecía de familiares por lo que el director era el "máximo obligado a velar por el residente" y de hecho los dos inspectores que presenciaron los hechos le requirieron para que le prestase asistencia sanitaria, y varios días después, en concreto el 9 de febrero de 2022, se giró por los inspectores una nueva visita en la que se comprobó que "no se le ha prestado asistencia sanitaria" al anciano a pesar de las lesiones en la cabeza y del requerimiento realizado por la Inspección". 

Al día siguiente, el anciano fue trasladado finalmente al Hospital Virgen del Rocío, señalando el informe de asistencia que "desde la residencia refieren que ha caído frecuentemente en las últimas semanas, no aportan informes ni otros datos", siendo trasladado al hospital Militar, donde falleció el 15 de febrero.

El director fue denunciado por la Fiscalía de Sevilla en junio del pasado año por las diversas irregularidades en la atención y cuidados a los mayores y en el funcionamiento de la residencia, tras la clausura de la residencia de mayores por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. En ese momento, se contabilizaban diecinueve residentes y se apreciaba un deterioro cognitivo en ocho de ellos y sólo dos estaban valoradas por la Ley de Dependencia.

Las irregularidades se detectaron en las inspecciones realizadas por el Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía desde los 2018 a 2022.