La Fiscalía de Sevilla tiene actualmente la llave para que el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, tenga que prestar declaración como investigado en el juzgado, en relación con el incidente ocurrido el pasado 6 de enero con motivo de un almuerzo familiar en un restaurante de Los Remedios.

La juez de Instrucción número 13 de Sevilla, María José Moreno, ha solicitado a la Fiscalía de Sevilla que emita un informe sobre "si aprecia existencia o inexistencia de indicios de hechos delictivos o si en su caso se adhiere a la petición subsidiaria" realizada por la defensa de Cabrera de que se recabe un informe a la Policía Local de Sevilla sobre su intervención el pasado 6 de enero en el restaurante Princi.pico.

De esta forma, es ahora la Fiscalía de Sevilla la que tiene la llave para cerrar o no la investigación, sin necesidad de que el concejal preste declaración como investigado. Son varias las opciones del Ministerio Público. Que solicite directamente el archivo de la causa, si descarta totalmente que los hechos puedan ser constitutivos de delitos de acuerdo con las alegaciones presentadas, o bien, como indica la instructora, que se adhiera a la petición realizada por la defensa del concejal socialista para que se requiera un informe a la Policía Local, algo que parece más probable. De hecho, es lógico que el juzgado solicite esa información relativa a cuántas dotaciones de agentes acudieron al incidente, dado que la acusación que ejerce Vox sostiene que hubo un abuso de poder por parte del delegado.

Por su parte, el concejal socialista ya ha asegurado que, aunque cuando los agentes llegaron cuando él ya había abandonado el establecimiento, se personó una patrulla de la Policía Local, que son los que entraron en el establecimiento, si bien poco después pasaron por el local dos parejas más, todos de la escala básica, sin graduación.

En un escrito remitido al juzgado la semana pasada, la defensa de Cabrera pidió a la juez que archive la denuncia de Vox porque esta formación no pretende más que su "cabeza política" con esta denuncia, que a su juicio hace una "perversa utilización de la Justicia como campo de batallas políticas" y porque además los hechos denunciados no son constitutivos de ninguno de los delitos que le atribuyen.

El abogado José Manuel García-Quílez, que representa al delegado de Gobernación, solicita que se acuerde el inmediato sobreseimiento y archivo de la causa, "eliminando con ello cualquier riesgo de mantener vivo el escándalo que suponen los bulos que corren por sus anchas, las muy dañinas opiniones en las redes sociales, los juicios paralelos y, en definitiva, la auténtica ralea humana con todas sus características".

En caso de que no se acuerde el archivo, el letrado solicitaba al juzgado que reclame la información que sea necesaria de la Policía Local de Sevilla con respecto a la intervención de Cabrera, con la idea de aclarar su intervención y que se constate la "completa ajenidad" del delegado en estos hechos, evitando que tenga que acudir al juzgado a prestar declaración, algo que "quiere eludirse no por lo que pueda suponer prestar declaración en sí, a lo que Cabrera no muestra inconveniente alguno, sino por lo que seguro que conllevará el paseíllo por la puerta del juzgado: de nuevo el revuelo y ruido mediático, los juicios paralelos y, una vez más, los desalmados insultos en las redes sociales".