Enésima petición de archivo de la Fiscalía del caso Aznalcóllar. La Fiscalía de Sevilla ha vuelto a pedir a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que archive las investigaciones en relación con la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, causa que fue reabierta en dos ocasiones por la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya. 

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a este periódico que la teniente fiscal, María Dolores Villalonga, ha presentado un nuevo escrito en el juzgado, en el que vuelve a reclamar el archivo de la causa al entender que una vez practicadas las diligencias de prueba ordenadas en septiembre de 2019 por la Audiencia las mismas no hacen más que "confirmar la tesis del sobreseimiento" y la "ausencia" de resultados de esa investigación complementaria ordenada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en una ponencia que correspondió a la juez Mercedes Alaya.

Ahora la decisión sobre volver a ratificar el archivo -que sería ya el tercero- o continuar el procedimiento corresponde a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, si bien la postura que mantiene el Ministerio Público de todo lo instruido hasta ahora pone de manifiesto que en el caso de que la causa continúe adelante y se acuerde la apertura de juicio oral, la Fiscalía solicitará la absolución de todos los investigados. 

El primer archivo de la causa se produjo el 6 de noviembre de 2015, pero la juez Mercedes Alaya, como ponente encargada de resolver los recursos presentados, entre ellos los de la empresa perdedora del concurso, Emerita, decidió reabrir la causa. 

El segundo archivo se produjo en marzo de 2019, al entender la instructora que los hechos investigados en torno al concurso para la reapertura de la explotación minera no son constitutivos de ningún delito de prevaricación, y se produjo después de que la Intervención General del Estado concluyera en un informe que la Junta de Andalucía no favoreció a Minorbis en el concurso de la mina de Aznalcóllar.

La Fiscalía no ve los "poderosos indicios" que apuntó Alaya

En septiembre de ese mismo año, Alaya reabrió por segunda vez la causa, al estimar que había "poderosos indicios" de un delito de prevaricación, entre otros, por la adjudicación a Minorbis-Grupo México del concurso público para la reapertura de la explotación minera.

El auto de la juez Alaya, que también suscribieron los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial Juan Romeo Laguna, María de los Ángeles Sáez Elegido y Enrique García López-Corchado,  "ordenaba" a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que tomara declaración en calidad de investigados a los responsables de Magtel, Isidro y Mario López Magdaleno, y al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández -que dimitió de inmediato tras conocer la resolución-, al tiempo que requirió a la Junta de Andalucía para que informe sobre los "ascensos" que se hayan realizado a los miembros de la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso.

En relación con esta última diligencia, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tumbó la tesis del posible cohecho, ya que ni hubo ascensos ni tampoco compensaciones económicas o retributivas para los 13 funcionarios o técnicos que formaron parte de la comisión técnica y de la mesa de contratación que adjudicó el concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar a Minorbis, en detrimento de Emérita, la empresa perdedora.

El informe remitido por los investigadores al juzgado concluye que los únicos que obtuvieron puestos de "más relevancia" fueron el entonces secretario general de Innovación Vicente Fernández y la director general de Minas María José Asensio, que fueron nombrados interventor general de la Junta y viceconsejera, respectivamente,"ambos puestos políticos", precisan los investigadores, que añaden que una funcionaria pasó de un nivel 22 a un nivel 25 en la Administración. Vicente Fernández fue nombrado posteriormente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Una vez concluidas las diligencias ordenadas por la Audiencia, las defensas han pedido de nuevo, como la Fiscalía, el archivo de la causa. El ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández ha pedido el sobreseimiento, al asegurar que no tuvo ninguna participación en el proceso ni se ha acreditado que haya cometido delitos de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.

La defensa de Vicente Fernández, que ejerce el abogado Alfonso Martínez Escribano, presentó en marzo pasado un escrito en el juzgado, en el que reclama el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, por cuanto el entonces secretario general de Innovación "no tuvo participación alguna en la fase primera del concurso", donde se determinó quienes eran las empresas licitadoras admitidas, ni en la preparación, deliberación o aprobación del concurso, "como tampoco tuvo comunicación o relación alguna con los miembros de la mesa, ni les hizo indicación, sugerencia o manifestación alguna respecto al sentido de su decisión".

En este sentido, alega que la mayoría de los investigados –miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica– han declarado que ni siquiera conocían a Vicente Fernández y los que pudieran conocerlo "no han tenido más relación que la profesional, sin que en ningún caso hayan recibido sugerencia, indicación, recomendación o ruego respecto del concurso minero".