La defensa del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha mantenido este miércoles que el incremento de los salarios de los directivos y trabajadores de la empresa entre los años 2007 y 2009 no se realizó "alegremente", sino que estuvo motivado por la ausunción de "más responsabilidades" y el aumento de la carga de trabajo de la sociedad de capital riesgo, que en estos tres años analizó hasta "1.000 proyectos de inversión", se pusieron en marcha 135 de ellos y algunos tuvieron incluso una "proyección internacional extraordinaria y triunfaron".

El abogado Javier Vidal, que representa a Pérez-Sauquillo, ha pedido su absolución al considerar que a lo largo del juicio han quedado "totalmente desvirtuadas" las acusaciones contra el ex máximo responsable de la sociedad de capital riesgo, a quien el fiscal reclama una condena de seis años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

El letrado ha defendido, en contra de las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que tanto el consejo de Administración de Invercaria como los auditores externos tuvieron conocimiento de los salarios que percibían los directivos y trabajadores de Invercaria, y ha recordado que su cliente venía de la empresa privada, donde había acumulado un "bagaje importante", y se reunió con el consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y el director de Idea, Miguel Ángel Serrano Aguilar, quienes le explicaron cómo debía funcionar Invercaria y le dijeron que "cobraría igual" que el director de la agencia.

La defensa ha señalado que los trabajadores de Invercaria procedían en su mayor parte de la agencia Idea, "con el mismo cargo y sueldo" y ha dicho incluso que el trabajo del personal de la sociedad era "bastante rentable", al haberse analizado ese millar de proyectos en tres años y por eso se aumentaron las retribuciones, algo que era conocido por la agencia, ha insistido, señalando que cuando los salarios han aumentado por encima del 2% que establecía la limitación de la ley de Presupuestos para los empleados públicos -otro de los principales reproches de la Fiscalía- se ha debido a que los trabajadores habían subido "de categoría" y asumían "más responsabilidades".

En cuanto al control de las actividades de Invercaria, la defensa de Pérez-Sauquillo ha destacado que los auditores externos y la propia Cámara de Cuantas de Andalucía no han apreciado ninguna anomalía en los sueldos de los directivos o en el complemento de destino que percibieron algunos de ellos, porque de lo contrario habrían "expresado alguna salvedad" en su informe, y ha recordado que la auditora de la Cámara, la actual interventora de la Junta, ha declarado en este juicio que no apreciaron menoscabo de fondos públicos.

Sobre los préstamos personales concedidos a los trabajadores ha indicado que se "daban igual" que en Idea y ha añadido que "todo el personal de Invercaria los ha devuelto", ha agregado Javier Vidal, quien al final de su informe ha solicitado al tribunal la condena en costas de la agencia Idea y de Invercaria al considerar que ambas acusaciones particulares han intervenido en este proceso con una "temeridad y mala fe sin precedentes".

No hubo "saqueo ni regalo de finiquitos"

Por su parte, el abogado Miguel García Diéguez, que defiende al ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto, a quien la Fiscalía reclama también seis años de cárcel, ha pedido la absolución al estimar que no hay pruebas de que su cliente haya intervenido en ningún "saqueo de la empresa o de que se hayan regalado como si fueran los Reyes Magos los finiquitos" a los ex directores de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González".

El letrado ha hecho hincapié en que "para bien o para mal", Tomás Pérez-Sauquillo tenía delegadas "todas las facultades" del Consejo de Administración de Invercaria, por lo que "era el consejo de Administración" y además "le ha dado cuentas al consejo y ha superado todas las auditorías".

Asimismo, García Diéguez ha defendido que Antonio Nieto "cumplía" lo que el presidente de Invercaria le ordenaba, "no toma decisión de ninguna clase ni en ningún caso", y ha recordado que llegó a la empresa no por amistad con Sauquillo y ganando 25.000 euros, "menos que la secretaria" del presidente, y sobre los incrementos de sus salarios y de otros trabajadores, ha insistido en que estaban "más que justificados y consentidos por el socio único de Invercaria, la agencia Idea". A Nieto, ha proseguido, se le subió el sueldo porque "se le exigían más responsabilidades como jefe del departamento financiero y apoderado de la empresa".

También ha dicho el letrado que Invercaria "no es Abengoa", dado que sólo tenía una veintena de trabajadores, y ha recordado la sentencia de esta misma Sala de la audiencia de Sevilla que absolvió a varios investigados por la gestión de la sociedad pública Mercasevilla, en la que el tribunal sostuvo que las "discrepancias contables no tienen por qué ser delito", señalando que en este caso habría unas "discrepancias laborales" que por analogía deberían llevar a la misma conclusión de que los hechos enjuiciados no son delictivos.

El fiscal dedicó "un par de minutos" a Cantos

Por su parte, el abogado José María Calero, que defiende al ex director de Promoción Cristóbal Cantos, ha destacado que el fiscal Anticorrupción "sólo dedicó un par de minutos" en su informe de conclusiones y "lo más importante es que no se dejó nada por decir, porque lo cierto es que no existen pruebas de cargo" contra Cristóbal Cantos, a quien Anticorrupción pide una condena de un año y nueve meses de prisión como cooperador necesario de los delitos de malversación y falsedad en documento oficial.

El letrado ha afirmado en este sentido que las pruebas practicadas a lo largo del juicio han "desmentido la versión de la condonación" del préstamo que Invercaria concedió a Cristóbal Cantos cuando éste abandonó la sociedad, ha añadido el letrado, que ha señalado la "ausencia absoluta" de pruebas de cargo contra su cliente.

Adolfo Cuéllar, abogado del ex director de Promoción Juan María González Mejías, ha pedido en su informe la absolución porque, según ha dicho, no se produjo la condonación del préstamo que aseguran las acusaciones, sino que existía un "acuerdo previo para que se le reconociera las horas extraordinarias realmente realizadas y hubo una transacción para una salida negociada de Invercaria".

El defensor también ha señalado la "falta de prueba" sobre el supuesto acuerdo para defraudar de los acusados y ha recordado que es "muy habitual en la empresa incentivar bajas de trabajadores con alto coste salarial". La Fiscalía reclama una condena de un año y 11 meses de cárcel para Juan María González, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González.

El juicio contra los cuatro acusados ha quedado visto para sentencia este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, después de las diez sesiones celebradas desde el pasado 13 de septiembre.